Por Marisa Kohan
Para Público
Un manifiesto firmado hasta el momento por unas 90 organizaciones y plataformas feministas ha sido remitido esta semana a los principales partidos políticos. Su objetivo: que se tengan en cuenta las exigencias de movimiento feminista ante las elecciones del próximo 28 de abril, una cita considerada "clave" por las organizaciones y que contemplan con "preocupación" debido a la "crispación política, el avance de los fundamentalismos y el riesgo de una regresión de los derechos alcanzados", tal como explica el manifiesto.
El documento es fruto de amplios debates y consensos negociados por decenas de organizaciones que se han constituido en una plataforma que velará porque las formaciones políticas que concurran a las elecciones incorporen en sus programas electorales la mayoría de sus demandas, y se han comprometido a continuar trabajando a lo largo de toda la próxima legislatura para evaluar el cumplimiento de esos compromisos políticos.
Si bien las organizaciones firmantes reconocen que desde las últimas elecciones de 2016 se han producido algunos "tímidos avances institucionales" en materia de igualdad, recuerdan que "aún son muchas las brechas que hay que cerrar para conseguir una igualdad real y efectiva" y que muchas de estas medidas han sido largamente postergadas o ignoradas.
Por ello, y como primera medida para asegurar que sus exigencias sean tenidas en cuenta en las próximas elecciones, han organizado para el próximo 11 de abril un encuentro con los cuatro grandes partidos con representación parlamentaria (PSOE, PP, Unidas Podemos y Ciudadanos), con los que debatirán las distintas medidas (el documento está dividido en 10 puntos y contiene más de 80 iniciativas) y a los que presentaran sus demandas. El manifiesto va mucho más allá de las meras reivindicaciones en materia de lucha contra la discriminación y la violencia hacia las mujeres, sino que recoge una amplia batería de medidas sobre economía, sanidad, educación, cuidados, sexualidad, consumo, inmigración o laicidad del Estado, convirtiendo el documento en un verdadero programa electoral feminista.
Principales exigencias:
Todas las violencias hacia las mujeres por el hecho de serlo, son violencia de género. Desde que en 2004 se aprobara la Ley Integral contra la violencia de género, en nuestro país se reconocen como tales las que se cometen en el ámbito de las relaciones afectivas. Sin embargo, la ratificación por España del Convenio de Estambul en 2014 (un tratado internacional emanado del Consejo de Europa) obliga a los estados miembros a ampliar esta consideración a toda violencia que se ejerza contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Por ello el manifiesto exhorta a cumplirlo y a tratar como víctimas de violencia de género, por ejemplo, a las más de 120.000 agresiones sexuales que se producen en nuestro país, según cifras oficiales. El manifiesto exige que la custodia compartida no pueda ser impuesta sin tener en cuenta la posible violencia que exista en el ámbito de la pareja o que se penalice la utilización del Síndrome de Alienación Parental (SAP), una patología inexistente que se aplica principalmente a las madres en casos de separaciones y divorcios.
Derogar las reformas laborales y acabar con los recortes. "Las mujeres somos el 45% de la fuerza laboral, pero el 58% de los parados registrados", afirma el documento. Además ellas acaparan el 76% de los empleos a tiempo parcial y cobran de media un 29% menos que los hombres. La falta de servicios públicos y el reparto desigual de los cuidados provoca que sean ellas las que vean interrumpidas su vida laboral. Por ello, entre otras medidas, el manifiesto reclama que se deroguen las dos últimas reformas laborales y que el centro de la nueva política económica sea "el pleno empleo, digno e igualitariamente repartido entre mujeres y hombres". También reclaman la que se equiparen los derechos de las trabajadoras del hogar en el régimen de la Seguridad social, medida que debía entrar en vigor este año y se ha pospuesto a 2021, eliminar la brecha de género en los salarios (que es del 29%), en las pensiones (36%) y en la cobertura por desempleo (15%).
Mayor inversión en servicios públicos. Sobre todo los que tienen que ver con los cuidados y la dependencia. El manifiesto recuerda que en 2018 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimó que el trabajo no pagado de cuidados en España asciende a 130 millones de horas al día, lo que equivale a 16 millones de empleos a tiempo completo y al 15% del PIB. Las organizaciones reclaman la cobertura universal, gratuita y pública de la escolarización de 0 a 3 años; una aplicación real de los permisos igualitarios de maternidad y paternidad en 2021; que se acabe con la tributaciones fiscales que generan más desigualdad territorial y social; y una cobertura universal y pública de la atención a la dependencia, que podría generar en torno a 600.000 nuevos empleos.
Creación de un ministerio de Igualdad. Exigen volver a poner en marcha un ministerio de Igualdad, tal como existió en la primera etapa del Gobierno de Zapatero, fortalecer el Instituto de la Mujer y de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Estas medidas deberían ser acompañadas con otras que incremente la participación de las organizaciones feministas, ya que, afirman, "el actual Consejo de Participación de las Mujeres no es autónomo del Gobierno, ni representativo, plural o democrático". En relación a las medidas que deben cumplir las instituciones, reclaman que se cumpla el precepto de desagregar los datos estadísticos por sexo y su publicidad, así como realizar informes de impacto de género de leyes y normas, del que ahora carecen.
Considerar la trata y la prostitución como una "forma extrema de violencia". Nuestro país está considerado como el tercero a nivel mundial en consumo de prostitución. Se estima que unas 100.000 mujeres y niñas son prostituidas en nuestro país, y que el 80% de ellas son extranjeras migradas. Por ello, exigen la aprobación de una Ley integral contra la explotación sexual de mujerrs en prostitución y trata, en línea con otros países europeos como Suecia, Noruega, Islandia o Francia. También reclaman la derogación de las medidas sancionadoras de la ley de seguridad ciudadana, más conocida como ley Mordaza.
El aborto en la sanidad pública. La Interrupción voluntaria del embarazo debería ser garantizado y realizado en la sanidad pública, no derivada a centros privados financiados con dinero público. También exigen que las mujeres puedan elegir los métodos instrumentales y farmacológicos que prefieran utilizar y que los métodos anticonceptivos como la conocida como píldora del día después o de emregencia, sea de libre acceso en los centros de atención primaria y especializados. También exigen que los médicos objetores sustituidos de sus cargos.
No a los vientres de alquiler. Exigen que se sancione a las agencias que ofrezcan esta práctica y que trabajen como intermediarias para estas prácticas. También piden la prohibición de la publicidad y lo actos relacionados con la misma. Entre otras medidas piden que se derogue la instrucción de la dirección general de registros y notaros de octubre de 2010 que permite la inscripción de menores en consulados extranjeron donde se realiza esta práctica.
Educar para la igualdad. Exigen que la prevención de la violencia de género sea una política prioritaria y que debe ser garantida por un sistema coeducativo que incluya la educación afectivo-sexual, en igualdad de género y en prevención de la violencia machista a todos los niveles evacuativos. Entre las medidas figura la necesidad de recuperar la asignatura de Educación para la ciudadanía como obligatoria y la introducción de la aportación de las mujeres de forma transversal y en los libros de texto.
