La pulseada por la reforma al Estatuto del Empleado Público escaló a los tribunales. En menos de una semana, dos de los gremios más representativos de Mendoza —la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMProS) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)— presentaron acciones de inconstitucionalidad contra la Ley 9665, que modifica el histórico decreto-ley 560/73.
La reforma del Estatuto del Empleado Público legalizó la precarización a la que fueron sometidos por años los trabajadores de la salud de Mendoza
Ambas organizaciones coinciden en que la norma sancionada por la Legislatura el 30 de septiembre y publicada en el Boletín Oficial el 6 de octubre vulnera derechos básicos garantizados por la Constitución Nacional y tratados internacionales. La disputa no es solo jurídica: pone en juego la estabilidad de miles de trabajadores y la sustentabilidad del sistema público de salud.
La ofensiva judicial de AMProS
La presentación de AMProS, encabezada por su secretaria general, Claudia Iturbe, con el patrocinio del jefe de Asesores Legales del gremio, Carlos Alico solicita la inaplicabilidad de la reforma por violar los artículos 14 bis y 18 de la Constitución Nacional.
Iturbe fue contundente: “La norma impugnada introduce regresiones inadmisibles en materia de estabilidad, negociación colectiva, defensa en juicio y reparación por cesantías arbitrarias, afectando de modo directo al personal profesional de la salud pública”.
Para el gremio, se trata de una nueva embestida contra la salud pública: “Es una clara flexibilización laboral que se suma a las 26 leyes que aprobó Cornejo el año pasado, en detrimento del sistema sanitario de Mendoza”, denunció la dirigente.
ATE: asambleas y denuncia ante la Corte
Días atrás, tras una semana de asambleas en hospitales, centros de salud y dependencias estatales, ATE presentó su propia denuncia ante la Suprema Corte provincial. El secretario general, Roberto Macho, calificó la iniciativa oficial como “una reforma laboral inconstitucional” que consolida la precarización en el Estado.
“El proyecto legaliza la exclusión de miles de trabajadores de derechos básicos como la estabilidad, la antigüedad y la defensa frente a sanciones”, advirtió Macho. El clima de tensión se trasladó incluso a la Legislatura, donde un intercambio con la diputada Beatriz Martínez terminó en una interrupción abrupta de la comisión.
El corazón de la reforma: la figura del “personal interino”
Uno de los puntos más cuestionados es la creación del “personal interino”, figura establecida en el artículo 4 bis. Según su redacción, estos trabajadores “no gozan de estabilidad propia”, lo que habilita despidos sin causa, sin indemnización y sin derecho a reinstalación.
El artículo 9 agrava el escenario al negar el reconocimiento de antigüedad previa, incluso para quienes llevan años prestando servicios bajo contratos temporarios o monotributo. En Mendoza, más de 2.000 trabajadores de la salud quedarían encuadrados en esta categoría. “Lejos de regularizar a quienes cumplen funciones permanentes, la reforma consolida un sistema dual: unos pocos con estabilidad y miles precarizados”, alertó Macho.
Recortes indemnizatorios y sanciones sin defensa
El artículo 5 modifica el régimen indemnizatorio vigente, eliminando la escala que reconocía la antigüedad. Hasta ahora, la indemnización por eliminación de dependencia se calculaba en 100% del último salario para menos de 10 años de servicio, 150% entre 10 y 20 años, y 200% para más de dos décadas. La reforma fija un 100% uniforme, lo que implica una pérdida de hasta el 50% para quienes dedicaron su vida al servicio público.
A esto se suman restricciones al derecho de defensa: el artículo 50 elimina el cobro de salarios caídos aun si un despido es declarado nulo, y el artículo 53 impide impugnar sanciones menores salvo que se pruebe abuso de poder. Para los gremios, se trata de cesantías encubiertas.
Derechos constitucionales en juego
Tanto AMProS como ATE sostienen que la reforma contradice el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 30 de la Constitución de Mendoza, que garantizan la estabilidad en el empleo público. La Corte Suprema de la Nación ha sostenido que esta estabilidad protege no solo el puesto de trabajo, sino también las condiciones en que se desarrolla, impidiendo modificaciones arbitrarias.
“El proyecto vulnera principios constitucionales, consolida la precarización y habilita despidos sin causa. Así como está, no pasa”, concluyó Macho.
Una disputa que trasciende lo gremial
La batalla judicial recién comienza, pero el trasfondo excede lo estrictamente legal. En un sistema de salud golpeado por la falta de recursos humanos y la sobrecarga laboral, la pérdida de derechos amenaza con profundizar la crisis.
Los gremios anticipan nuevas medidas de visibilización y articulación con otros sectores. El desenlace marcará no solo el futuro de la Ley 9665, sino también los límites de las reformas laborales en el Estado mendocino.
