Después de seis jornadas de declaración de Otilio Romano -este lunes siguió ampliando su indagatoria- fue el turno del también ex juez Luis Miret de defenderse de las acusaciones por complicidad y ejecución de delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado.
A Miret se le endilga responsabilidad penal en 35 hechos: 7 casos de participación penal primaria de homicidio agravado, 18 omisiones de investigar privaciones ilegítimas de la libertad, 6 omisiones de investigar torturas, 3 omisiones de investigar robos y 1 omisión de investigar en un caso de violación de domicilio.
“Lo omitido por mí no puede llamarse delitos de lesa humanidad", dijo en uno de los pasajes de su declaración. Y en otro momento subrayó que "los represores no necesitaban complicidad para obtener impunidad".
Entre las víctimas de los tres primeros cargos se encuentran Luis Rodolfo Moriña, Hugo Alfredo y Julio Félix Talquenca, Héctor Pablo Granic, Blanca Graciela Santamaría, Lidia Beatriz De Marinis, Virginia Adela
Suárez, Luis Rodolfo Moriña, Rodolfo Daniel Moriña, Olga Julia Yung y la hermana de Luis Rodolfo Moriña, Manuel Osvaldo Oviedo, Luis Alberto Granizo Emanuel Ander Egg, Irma Zamboni de Ander Egg, Walter Bernardo Hoffman, León Eduardo Glogowski, María Susana Liggera, Prudencio Mochi, Ismael Esteban Calvo y Blas Armando Yanzón, María Elena Castro y Margarita González Loyarte y Luz Amanda Faingold.
Miret abrió su ampliación indagatoria repudiando la recategorización de delitos solicitada por la Fiscalía -por homicidios y por vejámenes sexuales contra presos políticos- sosteniendo que la medida incurre en “imprecisiones que violan su derecho de defensa”. En este sentido, señaló que las pruebas presentadas en su defensa fueron ignoradas por los acusadores y que las mismas, “demostraban la inconsistencia y arbitrariedad de la recusación”, a la cual consideró como un “relato de atrayente falacia” y “una absurda pretensión de hacernos cómplices de la dictadura”.
Miret argumentó que “por ley, la justicia dejaba de ser competente para juzgar los ilícitos en los que podían haber incurrido tanto policías como militares”. Agregó que “los represores no necesitaban complicidad para obtener impunidad, porque estábamos impedidos de hacerlo”.
En el ejercicio de su defensa, Miret acusó a la fiscalía de omitir expedientes en los que “nos pronunciamos contra los designios de los militares contrariando lo que sus servicios de inteligencia querían hacer contra muchas personas”.
En la exposición de tecnisimos jurídicos, el exmagistrado sostuvo “la imposibilidad legal de la imputación sobre asociación ilícita”. Argumentó esta postura con la cita de distintos fallos firmados antes y durante el advenimiento del golpe cívico militar.
Con respecto a su actuación como defensor oficial y como juez subrogante, Miret eludió a las 19 causas por la cual se lo imputa por omisión en su deber como funcionario público, al no propiciar la investigación en las denuncias por detención ilegal y desaparición de personas. Su defensa giró entorno a “la clandestinidad del plan sistemático de exterminio perpetrado mediante documentos secretos entre militares” .
“Lo omitido por mí no puede llamarse delitos de lesa humanidad, y es imposible admitir la nueva investida de los acusadores”, argumentó .
Más tarde, señaló a otros fiscales excluidos en el actual procesamiento, designados por autoridades de la dictadura militar y pidió “igualdad de tratamiento ante la ley”.
“No había manera legal de realizar la actuación por la cual se me imputa, como juez subrogante nunca imposibilité la investigación de ilícitos que llegaran a mi conocimiento” aseguró Miret.
Fuente: Ministerio de Desarrollo Social
