En la apertura del año judicial, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, recordó que en la causa que investiga el atentado contra la embajada de Israel ya hubo una sentencia en 1999. "Determinó la materialidad y la imputabilidad del hecho. Encontró culpable a un grupo: Hezbollah. No podemos, como tribunal, modificar el fallo, es cosa juzgada", aseguró, en lo que fue una respuesta a la presidenta Cristina Fernández, quien pidió una sentencia para el atentado ante la Asamblea Legislativa.
"¿Sabe alguien, alguien le puede informar a esta Presidenta cuál es el resultado de la investigación que llevó adelante la Corte Suprema de Justicia de la Nación del atentado de la embajada de Israel, quiénes son los condenados, cuáles son los procesados, qué fue lo que pasó?", se había preguntado la jefa de Estado. El presidente de la Corte le respondió que la causa fue cerrada con una sentencia del máximo tribunal.
"En 1999 hubo una sentencia por la embajada de Israel y determinó la imputabilidad del hecho. Encontró culpable a Hezbollah. Esa sentencia está publicada. No podemos modificar como tribunal lo que ya ha sido aceptado y es cosa juzgada. Podemos pedir a los demás poderes del Estado que se lleve adelante lo que el tribunal dijo. Hace años llevamos adelante peticiones al Poder Ejectutivo que ordenó el tribunal en aquella época", respondió el jefe de la Justicia.
Por otra parte, Lorenzetti llamó a "terminar con la impunidad y con las investigaciones oscuras". Además reconoció que los tribunales están saturados y pidió a los jueces que hagan esfuerzo para llevar adelante las causas, una reforma del sistema de seguridad para que se pueda investigar y mejorar el sistema de investigación.
El presidente de la Corte Suprema reclamó "preservar la democracia" y advirtió que no se tolerará "ninguna acción extrema que ponga en riesgo el sistema democrático. Estamos atados a la Constitución: cuando una norma o ley es contraria a la Constitución es nuestro deber poner los limites", concluyó.
El discurso de Lorenzetti fue seguido de cerca en las primeras filas por el ministro de Justicia, Julio Alak; la procuradora General, Alejandra Gils Carbo; los camaristas de Casación Gustavo Hornos, Mariano Borinsky, Ana María Figueroa, Luis María Cabral, Eduardo Riggi y Liliana Catucci.
A su vez, estuvieron el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y la titular de la nueva Cámara de Casación porteña, María Laura Garrigós de Rebori, junto a la mayoría de los magistrados que integran el cuerpo.
Los camaristas federales Jorge Luis Ballestero, Martín Irurzun y Eduardo Farah se sentaron en las filas siguientes, mientras que los jueces federales estuvieron representados en la sexta fila de la sala por Daniel Rafecas, Sebastián Ramos y Rodolfo Canicoba Corral.
Más atrás, se ubicaron los jueces Luis Rodríguez, Marcelo Martínez de Giorgi, Claudio Bonadio y Ariel Lijo. Tamién estuvo la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, ex esposa del fallecido fiscal Alberto Nisman.
Entre los invitados especiales también estuvieron el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro; el auditor Leandro Despouy y el secretario general de los judiciales, Julio Piumato, coorganizador junto a cinco fiscales de la marcha contra el gobierno que se desarrolló el 18 de febrero.
"Los tribunales orales están saturados"
Lorenzetti pidió "terminar con esos procesos que no tienen resultado, con las investigaciones oscuras que se traban", porque "eso es terminar con la impunidad. Significa también que nosotros nos enfoquemos en los procesos y no hagamos de eso disputas de intereses o de poderes o de cuestiones que son ajenas a la lucha contra la impunidad", sostuvo, en una autocrítica a la actuación de los jueces.
Sobre este punto, añadió: "Estas disputas de poderes ya las hemos ensayado en el pasado. Las víctimas no esperan que les digamos que sus frustraciones son producto de los jueces, o del Poder Ejecutivo, o del Legislativo, no esperan que nos echemos la culpa los unos a los otros; las víctimas esperan una actitud más madura de nuestra parte".
Para ello, el presidente del máximo tribunal sostuvo que es necesaria "una vía basada en la cooperación de los poderes del Estado para solucionar los problemas de las personas", ya que "las instituciones no funcionan bien mientras quienes están a cargo de ellas hablan del poder y los ciudadanos de sus problemas. Tenemos que construir nuestras agendas colectivas y de gobierno basadas en los problemas de las personas y no desviarnos de ese camino. Las víctimas esperan que los poderes del estado cooperen".
Señaló que la cooperación es necesaria para completar la cantidad de jueces vacantes, algo que reclama año a año.
"Hay entre un 20 y un 30 por ciento de vacantes, y hay que ayudar a completarlas, no es culpa de uno o de otro", sostuvo, y puso como ejemplo el conflicto que existe entre los juicios orales del atentado a la AMIA y la tragedia de Once: "No es bueno que un tribunal oral tenga que decidir si lleva a cabo el juicio de AMIA o el juicio de Once. La Corte no puede indicarle a un tribunal qué causas va a llevar adelante, pero el problema es que los tribunales orales están saturados. Tenemos que pedirles a los jueces todos los esfuerzos para que estas causas no se lleven adelante. Ahí hay personas y no expedientes".
"En 2010 se crearon los tribunales orales 7 y 8 que hubieran solucionado estos problemas, pero todavía no logramos que se conformen. Si eso hubiese sucedido, no habría esta demora en los casos de AMIA y Once", consideró el juez, y agregó: "Podemos tener diferencias dentro del Poder Judicial o fuera de él, pero tenemos que ser más adultos y dejar de lado cuestiones menores".
