El Gobierno proyectó cumplir un mandato de la Carta Magna: que el Consejo maneje los $4.000 millones anuales de la Justicia, que hoy administra el presidente de la Corte.
El Gobierno y la Corte volvieron a chocar esta semana cuando el oficialismo presentó un proyecto para quitarle al tribunal el manejo del presupuesto del Poder Judicial, que supera los 4 mil millones de pesos anuales.
Fuentes judiciales confirmaron al diario Perfil que, si la iniciativa es aprobada por el Congreso, la Corte la revocará con una acordada, una suerte de sentencia definitiva, con el objetivo de retener las facultades sobre esos fondos.
Los diputados nacionales, Diana Conti y Carlos Kunkel, propusieron el jueves reglamentar el artículo 114 de la Constitución, que establece que debe ser el Consejo de la Magistratura -el organismo que nombra y destituye jueces-, y no la Corte, el que administre esos fondos.
Si el oficialismo avanza con la iniciativa, los ministros de la Corte Suprema podrían actuar de oficio (sin amparos ni cautelares de por medio) porque se trata de una medida que afecta facultades explícitas o implícitas del organismo.
La batalla entre el Gobierno y la Corte se desató por la Ley de Medios. En la Casa Rosada advirtieron la mano oculta de Ricardo Lorenzetti (presidente del tribunal) detrás de los fallos del fuero civil y comercial, donde la causa estuvo varada durante tres años. Siguió cuando el Ejecutivo quiso expropiar el predio de La Rural, y continua aún hoy con varios fallos que podrían ser adversos al oficialismo, como los reclamos por las jubilaciones.
“(El proyecto) Implica someter el poder judicial al designio del poder político con mayoría en la Magistratura”, explicó a Perfil el consejero Daniel Ostropolsky, el mendocino que representa a los abogados, quien advirtió que fueron Kunkel y Conti los mismos que, en 2008, como consejeros, cedieron estas facultades a la Corte ante la imposibilidad de asumir ese rol.
Hay antecedentes sobre actuaciones de oficio de la Corte. Uno fue el de la acordada que dejó sin efecto la ley que obligaba a los jueces a pagar el impuesto a las ganancias, en 1996.
Fuente: Perfil
