Los propietarios se quejaron de que "la gratuidad del sistema", como los pasajes para jubilados y discapacitados, desequilibra la ecuación financiera de las empresas.
Pese a los intentos de último momento, que se prolongaron hasta el viernes en la noche, la Unión de Tranviarios Automotor confirmó la huelga en reclamo de un aumento salarial del 23 por ciento. Además, los colectiveros de larga distancia reclaman plena estabilidad laboral y el cese a la precarización laboral.
El titular de UTA, Roberto Fernández, adelantó que la protesta continuará hasta que las cámaras empresarias de la actividad ofrezcan "respuestas definitivas y satisfactorias a todos los reclamos planteados".
El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el secretario de Transporte, Alejandro Ramos, se reunieron con los empresarios. Sin embargo, la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi) reiteró su rechazo a un acuerdo y dijo que "no está en condiciones de afrontar el incremento salarial del 23% que piden los choferes".
En tanto, los ministros de Trabajo e Interior y Transporte, Carlos Tomada y Florencio Randazzo, respectivamente, y el secretario de Transporte de la Nación, Alejandro Ramos, se reunieron esta tarde en Casa de Gobierno con la cámara CELADI.
La Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI) ratificó en ese encuentro que "no está en condiciones de afrontar el incremento salarial del 23 por ciento que reclaman los choferes".
Los funcionarios y el titular de la CELADI, Mario Verdaguer, conversaron durante algo más de una hora en Gobierno.
"Ahora no es posible afrontar esa recomposición", señaló el empresario, quien se quejó de que todas "las gratuidades caen" sobre ese sector del transporte: "pasajes para discapacitados, jubilados, estudiantes y docentes, de modo que la ecuación de la actividad está actualmente totalmente rota", aseguró.
Verdaguer formuló declaraciones en Gobierno al término de la reunión con los funcionarios nacionales, ocasión en la cual subrayó que la cámara que encabeza presentó "un sinnúmero de posibilidades para auxiliar al sector, como por ejemplo que se controlen los servicios `truchos` o eventuales que compiten y provocan una absoluta desigualdad de condiciones".
Por su parte, el gobierno nacional sostuvo en un comunicado que "los empresarios se retiraron de la reunión con el compromiso de evaluar las propuestas presentadas y procurar la forma de ofrecer respuestas al reclamo de aumento salarial" de los trabajadores.
Sindicalistas y empresarios se reunieron en el Ministerio de Trabajo y no alcanzaron un acuerdo que permitiese destrabar el conflicto, por lo que la protesta nacional fue ratificada en todas las empresas ante "la ausencia de respuestas patronales".
Trabajo había asegurado anoche que "la intransigencia de las partes no permitió llegar a un acuerdo", según señalaron Tomada, la viceministra Noemí Rial y Ramos al término de ese encuentro.
La cartera laboral había formulado una propuesta "conciliatoria" que ambas partes rechazaron, en tanto subrayó que "los empresarios no realizaron ninguna oferta salarial y, la UTA, exigió el mismo tratamiento que, en su momento, merecieron los choferes de corta distancia, quienes lograron un aumento del 23 por ciento".
"Las patronales niegan un acuerdo salarial, amenazan con producir cinco mil despidos alegando costos laborales y con precarizar el empleo, ya que advirtieron que aplicarán la monoconducción, es decir, quitarán a un chofer de los micros", denunció Fernández.
El sindicalista señaló su "preocupación" a partir de la extensión de las negociaciones y la ausencia de acuerdo.
"En el verano la UTA aceptó un aumento no remunerativo para no afectar a los pasajeros, pero ahora quiere el 23 por ciento, porque no es una barbaridad y es lo que logró para los choferes de micros de corta y media distancia", puntualizó Fernández.
Además de la paralización total de las tareas por parte de los choferes, también adhirió a la protesta el personal de boletería.
