Representantes de las cámaras que aglutinan a los operadores de la actividad presentaron un proyecto en la Legislatura y se entrevistaron con el presidente de Diputados.
Los empresarios mineros de Mendoza llevaron a la Legislatura un proyecto para declarar al sector en emergencia en la provincia y reclamaron la derogación o modificación de la Ley 7.722 que regula las condiciones para la extracción de minerales. Este miércoles, representantes de las cámaras del sector se entrevistaron con el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, en el marco de una estrategia para desbaratar los instrumentos que establecieron límites a la actividad minera a instancias de los ambientalistas y los grupos vecinales que se organizaron en torno al tema.
Con la emergencia, los empresarios pretenden que se frenen las iniciativas legislativas que contemplan darle estatus de área protegida a extensiones que presentan potencial minero, que se suspenda el cobro de cánones a las empresas concesionarias de áreas de explotación y que el Estado destine más fondos a la Dirección de Minería.
Los reclamos del lobby minero provincial no son nuevos, existen en los mismos términos desde antes de que la Legislatura tratara y aprobara, en 2007, la Ley 7.722 atendiendo el pedido de los ambientalistas y las encuestas que denunciaban un alto nivel de rechazo social a la minería metalífera. En uno de los aspectos más criticados por el empresariado, la norma prohibió el uso de algunos productos, como el cianuro, necesarios para la minería metalífera.
Para los empresarios, es imposible el desarrollo de la minería metalífera mientras esté vigente la Ley 7.722, a la que consideran violatoria de la Constitución, como lo plantearon en decenas de presentaciones judiciales. Hasta ahora, ninguna resolución de los tribunales afectó la vigencia de la norma, aunque todavía no se expidió la Suprema Corte, ámbito en el que se concentraron las causas contra la constitucionalidad de la norma.
Los empresarios mineros le reclamaron celeridad al tribunal. “Le hemos pedido a la Corte resolución en un sentido o en otro, blanco o negro, pero que se tome la resolución que tenga que tomar para recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que es el paso inmediato que van a dar quienes han interpuesto la inconstitucionalidad”, señaló Carlos Ferrer, presidente de la Cámara de Servicios Empresarios Mineros de Mendoza.
Tanús coincidió en el pedido para que se expida la Corte al mismo tiempo que consideró "difícil” que la Legislatura introduzca modificaciones a la Ley 7.722 porque “está dada en un contexto político y social que apunta a la defensa del agua y a la prohibición de algunas sustancias químicas. La Legislatura hizo una expresión política (al sancionar la ley) que muchas veces suele ser imperfecta. Si la Corte le pone un dictamen definitivamente, sería mucho mejor para aclarar sobre todo cuál es el futuro de la actividad”. “Sería bueno que lo resuelvan y le dé una interpretación jurídica y constitucional adecuada”.
Mario Chabert, presidente de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros, expresó que en el sector están "muy disgustados con la prohibición de ejercer una actividad absolutamente lícita" y se quejó porque "el potencial minero de Mendoza es diez veces el potencial petrolero de la provincia y no estamos desarrollándolo”, aseveró.
