El retiro de YPF de los pozos maduros para focalizarse en Vaca Muerta -lo que se denominó Plan Andes- dejó un costo sin cubrir en cuanto a pasivos ambientales, y un costo enorme en cuanto a lo social por los puestos de trabajo.
Tres poderosos sindicatos petroleros denunciaron el vaciamiento de áreas maduras y la precarización de los trabajadores en el sector con la caída de contratos por parte de las nuevas operadoras y advirtieron al Ejecutivo que acudirán a la Justicia Federal si no toma medidas.
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La transferencia de concesiones sin planificación ha generado despidos masivos, falta de inversión y un grave deterioro ambiental, denunció en las últimas horas el sindicato de jerárquicos, indicaron en la misiva, firmada por Gabriel Barroso (secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Mendoza), Ricardo Letard (secretario General de Camioneros de Mendoza) y Julián Matamala (Secretario General de Petroleros Jerárquicos de Mendoza).
El conflicto sindical y la denuncia pública
El reciente traspaso de áreas petroleras clave, como la transferencia de YPF S.A. a Petróleos Sudamericanos y de CGC a Venoil S.A., generó una fuerte reacción por parte de los gremios del sector. En una carta dirigida a Alfredo Cornejo, los sindicatos expresaron su preocupación por la falta de una política energética clara, lo que ha derivado en una crisis laboral y ambiental sin precedentes.
"La ausencia de una política energética clara y responsable por parte del gobierno provincial ha provocado el vaciamiento progresivo de las áreas, la paralización de inversiones y un proceso de despidos masivos", adviertieron los sindicalistas en su comunicado.
La desprotección de los trabajadores y la falta de garantías ambientales se han convertido en los principales ejes de la denuncia, dejando a cientos de familias en una situación de extrema vulnerabilidad.
Desidia gubernamental y crisis ambiental
Uno de los puntos más preocupantes es la ausencia de controles sobre la contaminación generada por las operadoras que han recibido las concesiones. Los gremios exponen que organismos clave como la Dirección de Protección Ambiental (DPA) y los cuerpos de inspección laboral han omitido sus funciones, permitiendo el abandono de tierras contaminadas sin remediación.
"Advertimos que, de no revertirse de forma inmediata esta grave situación, acudiremos a la Justicia Federal para denunciar la responsabilidad directa de ustedes, señores funcionarios", señalaron los sindicalistas en la carta. La falta de intervención estatal ha profundizado la precarización laboral y los riesgos ambientales, generando incertidumbre en el sector y afectando a la comunidad en general.
Las exigencias sindicales y el llamado a la acción
Ante este panorama, los gremios han planteado exigencias concretas para frenar la crisis. Entre ellas destacan:
- Intervención inmediata del gobierno provincial para detener los despidos y restablecer condiciones laborales dignas.
- Convocatoria a una mesa de diálogo vinculante con participación gremial, asegurando decisiones estratégicas en el sector energético.
- Presentación pública de los planes de desarrollo, permitiendo el control y evaluación por parte de los sindicatos.
- Auditorías ambientales independientes para evaluar el impacto en las áreas transferidas y establecer planes de remediación.
Los sindicatos advierten que, de no recibir respuestas concretas y verificables en el corto plazo, iniciarán acciones gremiales, judiciales y políticas para defender los derechos de los trabajadores y la preservación de los recursos estratégicos de Mendoza.
Impacto en la provincia y el futuro del sector
La crisis en el sector petrolero de Mendoza no solo afecta a los trabajadores, sino también a la estabilidad económica de la región. El deterioro de las áreas productivas y la falta de inversiones ponen en riesgo el desarrollo energético de la provincia, impactando directamente en la generación de empleo y la actividad económica.
La falta de una planificación estratégica y el abandono de controles ambientales podrían generar consecuencias graves a largo plazo. Mendoza se encuentra en una encrucijada: la respuesta del gobierno determinará el futuro de uno de los sectores clave para la economía provincial.
