Este miércoles por la noche, las velas volvieron a encenderse frente al Hospital Central. A un mes del despido de César Castillo, trabajador precarizado y referente de las protestas de junio, sus compañeros y compañeras retomaron la vigilia como forma de denuncia y resistencia.
Trabajadores, asambleístas y opositores son blanco de una política de persecución de la protesta ejecutada por los sucesivos gobiernos de Cornejo
No solo exigen su reincorporación: visibilizan un entramado de persecución sindical, precarización laboral y disciplinamiento estatal que atraviesa el sistema de salud mendocino. Castillo fue desvinculado el 16 de julio, tras haber sido entrevistado por canales de aire durante una protesta. La notificación llegó con un escribano y un policía en la puerta de su casa en San Martín. El Gobierno alegó que “no se adaptaba a las nuevas normativas del servicio”. Llevaba más de cinco años trabajando bajo condiciones de precariedad.
Aprietes a los que protestan
Su caso se convirtió en un símbolo. El Sindicato Provincial de Estatales de la Salud (SI.P.E.S.) lo denunció como parte de “prácticas sistemáticas de violencia laboral y persecución sindical”. La presentación ante la Subsecretaría de Trabajo expone un patrón de hostigamiento institucional que afecta tanto a contratados como a trabajadores de planta, intensificado tras las medidas de fuerza de junio y julio.
“La desvinculación de Castillo es un hito en la política de disciplinamiento estatal. No solo se castiga la protesta, se instala el miedo”, señalaron desde SIPES.
La denuncia fue respaldada por AMPROS, SITEA y los autoconvocados del Central, quienes advierten que el modelo de gestión basado en contratos basura y facturación precarizada se replica en todo el sistema. Según cálculos gremiales, más de 2.000 trabajadores de la salud le facturan al Estado sin estabilidad ni derechos laborales básicos.
“La protesta en el Central fue por esas condiciones de precariedad. Hoy seguimos reclamando por lo mismo”, expresaron trabajadores autoconvocados.
Como parte de la jornada de lucha, una columna llegó desde el hospital Notti hacia el Central, sumándose a la vigilia. “La precarización no es un problema en el sistema de salud, es una política que se extiende. Por eso marchamos desde el Notti”, señalaron referentes gremiales.
El caso Castillo: símbolo de la represión sindical
El despido de César Castillo se convierte en el corolario de esta política de disciplinamiento. “Su despido, ocurrido apenas un día antes [de la huelga del 17 de julio], tiene un claro contenido persecutorio y busca disciplinar a los trabajadores que ejercen su derecho a la protesta”, sostiene la denuncia. Y detalla las causales atribuidas: “Faltas injustificadas”, “cuestionamientos a cambios determinados por las autoridades”, y “oposición, cuestionamientos y críticas permanentes”.
Para SI.P.E.S., estas acusaciones no responden a razones laborales, técnicas o administrativas, sino a un objetivo claro: “Desarticular la organización gremial interna, silenciar a los referentes y generar miedo entre quienes aún luchan por mejores condiciones de trabajo y por una salud pública digna”.
Castillo, formador de colegas y profesional querido por pacientes y compañeros, se convierte así en símbolo de la represión sindical que sufren los trabajadores del Hospital Central. Su despido, afirman desde el sindicato, constituye una violación flagrante del derecho de huelga (art. 14 bis CN), la libertad sindical (Convenio 87 OIT), y la protección contra actos discriminatorios (Convenio 98 OIT y Ley 23.592).
“Lo que está en juego es el modelo de salud pública”
La denuncia concluye con un llamado urgente: “Necesitamos un freno que termine con el maltrato, las persecuciones y el clima hostil en nuestro lugar de trabajo”. Y advierte: “Lo que está en juego no es sólo la situación de un grupo de trabajadores, sino el modelo de Salud Pública que se quiere construir: uno basado en el miedo, la precarización y el silencio; u otro, con condiciones dignas, participación activa del personal y garantía de derechos para quienes sostienen todos los días el sistema de salud”.
Desde SI.P.E.S. solicitan la sanción de las autoridades denunciadas, el cese de despidos discriminatorios, amenazas, listas negras y violencia laboral. También exigen la reincorporación inmediata de César Castillo y la apertura de una instancia de diálogo sobre las condiciones de trabajo en el Hospital Central.
Mientras tanto, el silencio oficial persiste. Y el clima de intimidación se profundiza. Mendoza, tierra de lucha por el agua y los derechos colectivos, suma ahora una nueva batalla: la defensa de la salud pública y de quienes la sostienen día a día, incluso bajo amenaza.
