Mauricio Macri ordenó la derogación de un protocolo para la interrupción legal del embarazo el mismo día de su publicación. Desairó a su secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, para contentar al ala radicalizada del macrismo, que salió a condenar la decisión del funcionario. El senador Federico Pinedo encabezó la embestida que se llevó puesta a Rubinstein.
La orden de Macri para borrar el protocolo debió ejecutarla la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, jefa directa de Rubinstein.
Antes de ser desacreditado por el presidente, el funcionario ponderó que el protocolo no dejaba lugar a interpretaciones sobre cómo debía actuarse. Uno de los cambios sustanciales que generaba era que la objeción de conciencia de los médicos no podía impedir que un hospital o centro de salud realizara la interrupción del embarazo.
Se supone que el texto de Stanley será publicado el jueves en el Boletín Oficial. El proyecto a derogar contó con la sola firma del secretario de Salud. La derogación, según trascendió, será rubricada sólo por la ministra del área social.
Algunos alcances del protocolo fallido
- Todas las personas con capacidad de gestar (es decir: mujeres, niñas, adolescentes, varones trans y personas que no se identifican con ningún género) tienen derecho de acceder a la interrupción legal del embarazo cuando este se encuadre en alguna de las causales que la ley establece para solicitar la práctica: que represente un peligro para la vida o la salud, o que sea producto de una violación.
- Es esencial identificar precozmente a las personas que presentan un embarazo en el contexto de las causales de ILE, realizar una consejería adecuada y, en los casos en los que la decisión sea interrumpir la gestación, acompañar la decisión y no demorar la práctica.
- Entre los 13 y los 16 años las personas adolescentes pueden dar su consentimiento autónomamente para las prácticas de ILE cuando esta práctica no implique un riesgo grave para su salud o su vida.
