Minera Aguilar, la empresa de José Luis Manzano (foto) que eligió Rodolfo Suarez para entregarle la explotación de la mina de potasio en Malargüe, autorizó al Gobierno a informar en la Legislatura los detalles del contrato del traspaso del 88% de las acciones que firmaron Aguilar, PRC y la constructora brasileña ARG.
Señala respecto de la cláusula de confidencialidad "no será oponible a la Provincia de Mendoza en tanto pudiera impedir o restringir el derecho de acceso a la información pública" se lee en una misiva enviada a Suarez y al ministro de Economía, Enrique Vaquié, por Nicolás Mallo Huergo, director de Aguilar.
La carta fue publicada un día después de que se conociera un dictamen de la Fiscalía de Estado que avala la entrega de la mina ubicada en Malargüe pero le pide al Ejecutivo que aclare las razones de la confidencialidad del contrato.
El Contrato firmado el 12 de septiembre ubica a la provincia como vendedora del ochenta y ocho por ciento (88%) de las acciones y los votos de PRC S.A.U. y a Minera Aguilar como compradora. Incluye en su cláusula 8.6 un compromiso de confidencialidad respecto de los términos del Contrato.
"Con relación a la mencionada cláusula, CMAP (Aguilar) manifiesta, reconoce y acepta que la misma no será oponible a la Provincia de Mendoza en tanto pudiera impedir o restringir el derecho de acceso a la información pública conforme es establecido en la Ley 9.003 y en la Ley 9.070 o implicare el incumplimiento de la normativa de rango constitucional, tanto provincial como nacional, relativa a la publicidad de los actos de gobierno y derecho de acceso a la información pública", señala la misiva.
"Asimismo, y no obstante cualquier acuerdo en contrario, CMAP acepta y reconoce que el Poder Ejecutivo provincial tiene el derecho de compartir el contenido del Contrato con la legislatura provincial para la obtención de la condición establecida".
Indica no obstante la empresa que "la finalidad de la confidencialidad contractual, tal como fuera establecida en la cláusula 8.6 del Contrato, atañe a información comercial, industrial o tecnológica de las partes o de PRC S.A.U. cuya protección es necesaria para el desarrollo de la actividad económica de forma competitiva y eficiente"
Y cierra: "En consecuencia, CMAP reconoce, acepta y declara conocer cuales son las obligaciones legales de la Provincia de Mendoza y sus organismos gubernamentales respecto de la transparencia de sus actos, del tratamiento de la información pública y la garantía de acceso a la misma y autoriza a la Provincia de Mendoza a divulgar la información caracterizada como confidencial en el Contrato al poder legislativo provincial y otros organismos estatales".
