La Ley de Medios tiene cuatro años, durante los cuales Vila y Manzano no perdieron peso específico ni cumplieron con el achicamiento que les exige la norma.
Por Javier Polvani
@javierpolvani
La Ley de Medios es constitucional resolvió la Corte Suprema en la discusión seguida hasta el final por el Grupo Clarín contra la norma que desde la regulación del espectro radioeléctrico busca evitar los oligopolios en la comunicación. La decisión de la Corte no implica que el holding de Ernestina Herrera y Héctor Magnetto tengan que desguazar inevitablemente la maquinaria corporativa que crearon, aún podrán resistir en el ámbito judicial pero sobre todo en el político.
En Mendoza, no es Clarín sino el Grupo Uno, de Daniel Vila y José Luis Manzano, el más poderoso aparato para condicionar la vida de la Provincia según los intereses particulares del holding. Y fue en Mendoza la primera reacción judicial contra la Ley de Medios, una confirmación del poder que en Tribunales mantiene el holding mediático. Antes que Clarín, Vila y Manzano consiguieron que la jueza Civil Federal Olga Pura de Arraval y la Cámara Federal (integrada por tres jueces apartados de sus cargos por sus vínculos con la dictadura) de Mendoza prohibieran la aplicación de la ley, antes que ningún otro tándem de jueces federales en el país.
La acción a favor del multimedios de la Justicia Federal de Mendoza les dio un instrumento a los empresarios para negociar la "adecuación" con el Gobierno Nacional, después de que el propio Daniel Vila comparara a la Ley de Medios con la dictadura.
“La gravedad institucional y jurídica (del proyecto) es sólo comparable con el golpe de Estado del ’76”, denunció Vila en setiembre de 2009, cuando la Ley de Medios captaba un amplio consenso en el Congreso y en la calle. Y el empresario repartía una pulsera de goma verde flúo con la sugestiva leyenda "Hasta K", mientras tramaba la operación judicial que le serviría de primer golpe de efecto tanto para la Casa Rosada como para su entonces aliado coyuntural: Héctor Magnetto.
Luego la Presidenta levantó en las encuestas y después arrasó en las urnas, mientras Vila y Manzano golpeaban y abrían puertas en la Casa Rosada para ofrecer "colaboración" en la guerra madre que libra el gobierno contra el Grupo Clarín. Las negociaciones transitaron hasta la presentación de un plan para adecuarse a la Ley de Medios "dictatorial" por medio de un desguace de ficción del segundo multimedios del país, que la AFSCA ni aprobó ni desaprobó a más de 10 meses de presentado.
La Ley de Medios tiene cuatro años de existencia, durante los cuales Vila y Manzano no perdieron peso específico en la determinación del destino de la provincia ni cumplieron en lo más mínimo con el achicamiento que les exige la norma. La negociación con el gobierno que le ha permitido al Grupo Uno subsistir sin cambiar de tamaño, a pesar de la ley, fue acompañada por lógicos vaivenes editoriales a favor o en contra, que tuvieron como víctimas a los trabajadores del holding en Mendoza.
A fines de 2012, mientras Vila y Manzano negociaban la "adecuación" con el gobierno y el AFSCA, de Martín Sabattella, los periodistas del multimedios denunciaron que los productos periodísticos que se vendían en Mendoza estaban dominados por las operaciones para favorecer los intereses económicos y políticos de los dueños del holding más que por las noticias de la realidad. Expusieron a sus jefes directos la negativa de seguir sometidos a la manipulación que se hacía de su trabajo.
“Las presiones no sólo seguirán sino que serán aún mayores. Al que no le gusta puede pasar a buscar el cheque”, amenazó a su personal periodístico Daniel Vila, en persona, uno días antes de la Navidad de 2012, en respuesta a las misivas que los trabajadores de prensa remitieron a sus jefes editoriales rechazando el bastardeo a la labor profesional que la empresa había impuesto.
