Mendoza lidera la tendencia del alza de encarcelamientos con una tasa de 270 personas presas cada 100.000 habitantes, seguida por Buenos Aires con 266 cada 100.000 según refleja el último informe de Xumek sobre la situación de los Derechos Humanos en la provincia y que alertó sobre el notorio incremento de encarcelamientos en los últimos dos años.
Ya en 2015, Xumek había advertido al Gobierno sobre la superpoblación en las cárceles de Mendoza, lo cual derivo en la presentación de un Habeas Corpus colectivo en la Suprema Corte.
"Esta alarmante situación ha generado como consecuencia más grave el colapso de la mayoría de las unidades carcelarias: a mediados de este año, la ocupación de las cárceles superó el 125%", advirtió la ong en el reporte, en base a datos del Sistema Nacional de Estadísticas de la Ejecución de la Pena y la Dirección General del Servicio Penitenciario.
Este nivel de sobrepoblación implica que la mayoría de los detenidos viva en graves condiciones de hacinamiento y que cerca de 1.000 personas duerman en el suelo. En algunos complejos la situación de sobreocupación es alarmante, como en el penal de San Rafael, que supera el 45%. Le siguen Almafuerte y San Felipe con su capacidad superada en más de un 20%, puntualizó el reporte.
Además, Xumek vaticinó: "La tendencia de incremento del encarcelamiento que se venía dando, continuará. Y la única solución propuesta por parte de las autoridades parece ser, la construcción de más establecimientos carcelarios. Este aumento trae aparejado también el de los niveles de sobrepoblación y hacinamiento en cada una de las unidades penitenciarias. Estas circunstancias influyen negativamente en las condiciones de vida y en el acceso a derechos por parte de la
población carcelaria: se vive en condiciones inhumanas y se dificulta el acceso a derechos básicos como la salud, la intimidad, el trabajo y a la educación".
El hacinamiento se produce principalmente "porque el incremento de plazas carcelarias no guarda relación alguna con el gran crecimiento del encarcelamiento. En este sentido, no se construyó ningún complejo desde de la apertura de Almafuerte en el año 2017, solamente se inauguró la Unidad “Agua de las Avispas” en el 2017 cuyo aporte es casi insignificante a la capacidad del sistema, ya que posee un cupo de apenas 30 personas", señala la organización.
En los últimos dos años el Servicio Penitenciario de Mendoza aumentó de 3.746 a 3.932 la cantidad de plazas carcelarias, "mediante el agregado de colchones en celdas o adaptando sectores que originalmente no estaban previstos para el alojamiento, lo que trae aparejado un agravamiento de las condiciones materiales de alojamiento".
Entre los efectos más graves de la sobrepoblación carcelaria, como es de fácil intuición, se destaca "el hacinamiento y la falta de privacidad; el deterioro edilicio y material; la degradación de las condiciones higiénico-sanitarias; la imposibilidad de acceder a trabajo, educación, actividades recreativas así como de mantener los vínculos familiares y sociales; la deficiente alimentación y atención a la salud; tortura, malos tratos y el incremento de la violencia intra carcelaria; el contagio de enfermedades", enumera el informe anual.
Abuso de la prisión preventiva
Desde hace años, y en todos sus informes anuales, Xumek viene planteando que en Mendoza se abusa de la prisión preventiva.
Un año más, insisten los expertos de la ong, "debemos reiterar que la causa principal de esta situación es la política criminal aplicada durante los últimos años que se ha caracterizado por la implementación de
reformas legales vinculadas al sistema penal. Las mismas propician el incremento en el uso de la prisión preventiva, la aplicación de criterios restrictivos para la aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad y la limitación en el acceso a instancias de libertad anticipada en la ejecución de condenas".
La detención domiciliaria con pulseras
Xumek destaca como positivo en el sentido de condiciones de detención de las personas que cumplen una pena o esperan condena el hecho de que puedan acceder a la prisión domiciliaria con pulseras electrónicas monitoreadas por el Gobierno.
"Se ha informado que se cuenta con cerca de 500 pulseras y que se han entregado a 480 personas, siendo nuestro servicio penitenciario, luego del bonaerense, el que más usa este sistema en el país. Uno de los grandes beneficios de su aplicación para la provincia es la reducción de costos: el alojamiento de una persona en un establecimiento penitenciario costaría alrededor de $17.000 por mes (lo que incluye gastos de los servicios básicos y el personal de custodia), mientras que la pulsera tiene un costo mensual de $5.580.6", detalla.
Otra medida que traerá un alivio a los penales provinciales ponderada por Xumek es la reciente inauguración de la cárcel federal en Cacheuta, que llegará a tener una capacidad de 560 plazas. "Teniendo en cuenta este dato y que en ella se pretende alojar a la mayoría de la población federal (580 personas aproximadamente) y a detenidos federales de provincias cercanas como San Juan
o San Luis, su capacidad se encontraría ya sobrepasada".
