
Javier Milei ganó la primera pelea en Diputados de la Nación en meses. En su peor momento, impidió la sanción de la reforma de la Ley de DNU gracias a alineados y héroes. Los dos votos que decide el gobernador Alfredo Cornejo fueron clave, como los aportes el Pro; la UCR; la CC, de Elisa Carrió, y legisladores leales a los gobernadores, incluso de integrantes de Provincias Unidas, que se proclamaron opositores a Milei en plena campaña.
El oficialismo no pudo evitar la aprobación en general del proyecto con media sanción del Senado. No obstante, logró frenar su conversión en ley volteando en la votación en particular el artículo 3° de la iniciativa. El mismo fijaba un límite de 90 días corridos para que el Congreso se expida sobre los DNU.
La operación liderada por el presidente de la Cámara, Martín Menem, salvó al gobierno de un golpe letal para su lánguida existencia. La reforma en debate hiere de muerte a la estrategia legislativa del presidente Milei. Establece que los Decretos de Necesidad y Urgencia deben ser ratificados por mayoría en las dos cámaras, cuando hasta basta con la venia de una sola.
Cornejo puso lo que tiene
El proyecto volverá al Senado, donde se resolverá su destino final. El presidente ganó algo de paz en uno de los múltiples frentes que abrió y ahora lo amenazan. El congelamiento de la Ley de DNU no hubiese sido posible sin radicales, lilitos y provinciales.
El gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo perdió a uno de los tres soldados parlamentarios con su alineamiento a Milei. Julio Cobos apoyó la reforma, mientras Lisandro Nieri y la candidata a la reelección Pamela Verasay se cuadraron con los intereses de la Casa Rosada.
Los gobernadores Ignacio Torres, de Chubut, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, fundadores de la alianza Provincias Unidas, mandaron sus espadas parlamentarias en auxilio de Milei. También dio una mano el neuquino Rolando Figueroa.
Nuevos héroes
Catorce diputados aprobaron en general la modificación de la Ley de DNU, pero cambiaron de posición en la votación en particular del artículo 3°. Los diputados del Pro Héctor Baldassi, Sofía Brambilla y Álvaro González votaron en contra, al igual que Oscar Zago, Carlos D’Alessandro, Gerardo González y Eduardo Falcone (Desarrollo y Coherencia).
Los diputados de la Coalición Cívica Juan López, Marcela Borrego y Marcela Campagnoli dieron un giro a la abstención, al igual que los radicales Fabio Quetglas y Karina Banfi.
Dos diputados que votaron el proyecto en general se ausentaron en la votación en particular: la neuquina Tanya Bertoldi, quien integra el bloque de Unión por la Patria, aunque responde directamente al gobernador Rolando Figueroa, líder de una fuerza provincial, y el radical Facundo Manes.
Otros tres legisladores se abstuvieron en la votación en general votaron en contra del artículo 3: los chubutenses Jorge Ávila y Ana Clara Romero, quienes responden al gobernador Ignacio Torres; y la santafesina Melina Giorgi, leal al mandatario Maximiliano Pullaro.
Módico éxito de la estrategia libertaria
El resultado de la sesión de este miércoles obliga a que el proyecto vuelva al Senado, donde se definirá si se acepta la modificación o se insiste con el texto original. Desde la Casa Rosada, en los días previos a la sesión, se había dejado trascender que el presidente Milei vetaría la norma en caso de ser sancionada sin cambios, por considerar que compromete la gobernabilidad. En ese sentido, el oficialismo celebró que el trámite parlamentario se prolongue, lo que posterga cualquier veto presidencial hasta después de las elecciones.
La estrategia libertaria apunta a ganar tiempo y recomponer vínculos con gobernadores y ex aliados, en busca de frenar la seguidilla de derrotas legislativas que viene acumulando el oficialismo. En ese marco, el resultado electoral podría ser clave para redefinir el mapa de apoyos parlamentarios y evitar una parálisis institucional.
La Ley
Entre lo más relevante la reforma establece que cada decreto deberá referirse a un área específica, evitando la inclusión de múltiples temas en un solo texto. Esta cláusula impediría, por ejemplo, la repetición de decretos como el 70/23, que modificó cientos de leyes en distintas áreas bajo el argumento de desburocratización del Estado.
Para los libertarios, la reforma representa un intento de “inmovilizar al Poder Ejecutivo” y “debilitar la gobernabilidad”. Así lo expresó el diputado de La Libertad Avanza Álvaro Martínez, quien acusó al peronismo de actuar con “oportunismo político”.
Más allá de las acusaciones cruzadas, el debate dejó en evidencia la fragilidad del oficialismo en el Congreso y la creciente capacidad de articulación de la oposición. Aunque el gobierno logró evitar una derrota total, el escenario legislativo se vuelve cada vez más complejo para avanzar con su plan de reformas sin consensos amplios.