Enrique Senestrari reveló que el testigo arrepentido que activó la causa es un policía. Dijo que la Justicia tiene que revisar todos los expedientes por drogas porque no hay garantías de que las pruebas no fueron plantadas.
El fiscal federal de la causa de los naropolicías cordobeces, Enrique Senestrari, aseguró hoy que el arrepentido "no es un buchón sino un efectivo policial", y aseguró que a partir de ahora deberán revisar todas las causas por drogas de los últimos tres años, para verificar que las pruebas en cada causa hayan sido reales y no plantadas.
El responsable de la investigación que tiene en la mira al jefe de Lucha contra el Narcotráfico del gobierno de José Manuel De La Sota, el comisario Rafael Sosa, quien está detenido junto a otros oficiales de Drogas Peligrosas de la Policía cordobesa, como cabeza de una asociación ilícita con vínculos narcos, dio una entrevista este lunes a la radio Vorterix. El fiscal federal defendió la investigación que daña la imagen del gobierno del peronista anti kirchnerista De La Sota, desde el que han deslizado sospechas de que la mano del gobierno nacional está detrás de Senestrari.
El fiscal dijo que cuenta con el apoyo de su oficina y del Ministerio Público Fiscal de la Nación, y remarcó que "no tiene ningún tipo de apoyo político", sino que se remite a la investigación porque, es "el juez y no el fiscal el que controla, pide y aprueba" los avances de la causa.
Senestrari aclaró que el principal testigo de la causa, un arrepentido, "no es un buchón sino un efectivo policial", contra las versiones que adjudicaban el rol clave en la pesquisa a un convicto conocedor del mundo del hampa con lazos permanentes con la policía en calidad de informante.
"Una persona que cumple la función que cumplía el arrepentido, tiene que ser sí o sí un polícía", dijo el fiscal al tiempo que agregó que para saber lo que sabía tuvo que haber tenido "presencia dentro de la dependencia de drogas de la policía".
El fiscal Senestrari asumió también que a partir de la investigación que se abrió tras las declaraciones del arrepentido, "muchas personas condenadas por drogas, pueden pedir nulidades. Tenemos personas imputadas que decían que la policía les plantaba drogas para comprometerlo, pero eso quedaba como un dicho de la persona para mejorar su situación procesal contra lo que afirmaba un grupo de policías que no habían dado muestras de ser delincuentes, por lo que uno tenía la obligación de creerles a los policías, como funcionarios públicos", explicó el fiscal.
Senestrari también se refirió al caso de un policía que apareció muerto tras ser mencionado por el arrepentido, y dijo que "no puede tratarse de un hecho aislado" y consideró que "hay que investigarlo en el marco" de todo el proceso, para ver "si fue suicidio o algo más grave".
Asumió la nueva ministra de Seguridad
Mientras avanza la causa contra altos jefes de Drogas Peligrosas, el lunes en la mañana el gobernador cordobés José Manuel de la Sota puso en funciones a la nueva ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en reemplazo de Alejo Paredes, funcionario que presentó la renuncia como consecuencia de la investigación que mantiene a cinco policías presos.
"Es imposible tolerar que la Justicia sospeche sobre agentes del orden como delincuentes y por eso el Gobierno pone a disposición de la Justicia tanto provincial como Federal absolutamente toda la información y todo lo que necesite para llegar hasta el fondo en las investigaciones en marcha o las que ocurran el día de mañana", dijo el gobernador sobre el escándalo en la división Drogas que derivó en la detención de un grupo de policías, entre ellos el titular de la repartición, Rafael Sosa.
