Por Horacio Pietragalla
Para Télam
Esta semana se logró un nuevo hito en nuestro proceso de Memoria, Verdad y Justicia: llegamos a los 1200 genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado.
La cifra, que se obtuvo a partir de la sentencia en Corrientes a dos ex militares y un ex gendarme que nunca habían sido juzgados hasta el momento, habla por sí sola de la magnitud de una política de Estado que ha sido sostenida por los tres poderes con avances y retrocesos desde hace más de 20 años.
Argentina es reconocida en todo el mundo por su decisión de juzgar y reparar las graves violaciones a los derechos humanos por parte del Estado, y por la lucha y compromiso de su sociedad civil, las Madres, Abuelas y Familiares, que se organizó para luchar contra la dictadura y luego contra la impunidad.
Estos juicios son producto de esa lucha y la de tantos y tantas que día a día trabajan que sean posibles. Como el aporte de tantas y tantos sobrevivientes y familiares que dan testimonio sobre el horror que vivieron y permiten reconstruir lo que ocurrió y que los responsables se niegan a contar.
Como Secretaría de Derechos Humanos de la Nación asumimos un rol central en ese proceso. Somos parte querellante en la mayoría de esas causas y desde 2019 nos presentamos en 51 nuevos expedientes. También creamos un cuerpo de peritos, asistimos a miles de víctimas y testigos todos los años y reforzamos el trabajo en el exterior para darle impulso a los procesos de extradición e investigaciones que se siguen en otros países contra prófugos de la justicia argentina.
Desde que se inició el proceso de juzgamiento de los crímenes de la dictadura con el Juicio a las Juntas de 1985 ya se realizaron 336 juicios. Sólo este año se obtuvieron sentencias en 20 causas y hay otros 15 debates orales y públicos se están desarrollando en todo el país.
Los juicios se realizan respetando las garantías del debido proceso: con jueces independientes, defensores públicos y privados, una fiscalía que representa la acusación pública y querellas que representan a las víctimas. Las sentencias son luego revisadas por todas las instancias recursivas hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Prueba del respeto de las garantías es que más de 170 acusados han sido absueltos y otros han sido sobreseídos durante la instrucción de las causas.
Las pruebas reunidas en estos procesos permitieron conocer cómo se llevó adelante desde el Estado un plan sistemático para exterminar a quienes se oponían a su modelo económico y eliminando a toda disidencia política. Parte de ese plan fue intentar ocultar esos crímenes, desapareciendo los cuerpos de las víctimas y construyendo un plan para negarlo.
Las más de 300 sentencias nos permiten tener por reconstruido que todo eso fue planificado y que no hubo dos demonios que pelearon una guerra, que no hubo excesos, errores ni casos aislados, como vuelven a sostener ahora algunos candidatos y candidatas.
A pesar de los logros y los avances obtenidos en materia de derechos humanos, el Estado aún tiene una deuda muy grande con las víctimas y sus familias. Aún quedan por investigar y juzgar muchos crímenes cometidos antes y durante la última dictadura. Constantemente se abren causas sobre hechos desconocidos por la misma mecánica clandestina del terrorismo de Estado, con nuevas víctimas y responsables que no han sido investigados. Aún quedan cientos de nietos y nietas que son buscados por Abuelas de Plaza de Mayo y por toda la sociedad para devolverles su verdadera identidad luego de pasar años apropiados.
Es por eso que debemos profundizar y acelerar este proceso, para poder dar una respuesta a tiempo a quienes han sufrido, terminar con la impunidad de los responsables del terrorismo de Estado y reparar el daño causado. Sólo así podemos garantizar el Nunca Más a 40 años del regreso de la democracia.
