Por Arturo Puente
Para El Diario
El convergente Carles Puigdemont, alcalde de Girona desde 2011, ha sido investido este domingo con la mayoría absoluta del Parlament de Catalunya, en el límite del plazo legal antes de la convocatoria automática de nuevas elecciones, que expiraba este lunes. 70 diputados, 62 de Junts pel Sí y 8 de la CUP –los otros dos se han abstenido–, han dado su apoyo al candidato alternativo a Artur Mas, que renunció el sábado a la reelección en virtud de un pacto de gobierno con la CUP. En contra se han posicionado los 63 diputados de C's, PSC, CSQEP y PP.
La candidatura anticapitalista consiguió este sábado a última hora el objetivo que había perseguido desde la misma noche electoral del 27-S, cuando se reafirmaron en el compromiso sostenido en campaña de no favorecer la investidura de Mas. El pacto suscrito entre los independentistas ha tenido un coste importante para la CUP, que queda sujeta a un estricto compromiso de favorecer la estabilidad parlamentaria en todo caso, con dos diputados que se incorporarán a la "dinámica parlamentaria" de JxS.
La inesperada salida de Mas convirtió a Carles Puigdemont en sorpresivo candidato alternativo de última hora. El nombre del gerundense, destacado del sector más independentista de CDC, no figuraba en ninguna quiniela de las muchas especulaciones que venían publicándose. El president número 130 de la Generalitat, el 5º desde la restauración de la institución en 1980, es un periodista de profesión qué entró en la política como militante de Convergència desde sus juventudes, la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC). Su elección, a dedo, por parte de Mas como sustituto, sugiere una continuidad en el proyecto durante la ausencia un Artur Mas que en su discurso de despedida este sábado abrió la puerta a volver a presentarse en la próxima legislatura.
Según ha explicado el nuevo president en su discurso de investidura, su mandato estará dirigido por los objetivos independentistas marcados en el programa de JxS, que se articulan en los ejes de plan de choque en materia social, ruptura legal con el Estado y de comienzo del proceso constituyente. "Estamos en un periodo excepcional de la postautonomía y la preindependencia", ha asegurado Puigdemont, quien se ha comprometido a completar estructuras de estado como la Hacienda catalana o un Banco Nacional.
Puigdemont se ha referido a los 18 meses de legislatura contemplados en el pacto entre CDC y ERC en Junts pel Sí para asegurar que "podrían ser 15" si en ese plazo puede aprobar leyes como la de Procés Constituent o la de Transicionalidad Jurídica, que debe preparar la "desconexión" legal de Catalunya con el Estado español.
La oposición, por su parte, ha acusado a Puigdemont de falta de legitimidad para continuar el 'procés', por ser un proyecto que sitúa a las instituciones catalanas "fuera de la legalidad española". La jefa de la oposición, Inés Arrimadas, ha asegurado que "un Gobierno que se salta leyes no puede ser representativo de los catalanes", mientras que el diputado del PP Xavier García Albiol ha asegurado que "no permitirán" que se haga "ningún proceso de independencia".
En tono más conciliador, también Miquel Iceta ha señalado lo que el del PSC considera una falta de legitimidad para continuar con el proceso, aunque ha reclamado hacer pactos en otras materias y evitar el "cordón sanitario" a los no independentistas. Por parte de Catalunya Sí que es Pot, Lluís Rabell ha considerado que "el plebiscito del 27-S no se ganó" y que la hoja de ruta de los independentistas es propia de "ingenuos" ya que opina que "no habrá desconexión, porque no hay legitimidad democrática ni suficiente porcentaje de ciudadanía".
