El secretario del Tesoro federal, Jack Lew, hablando a nombre del presidente Barack Obama, solicitó el martes la inclusión de Puerto Rico en la Ley de Quiebras federal. Es la única manera de que la isla que es un estado asociado de Estados Unidos quede al margen de las operaciones de los fondos buitre en cada reestructuración de deuda que se impone en el mundo.
El país del Norte tiene una legislación que protege a sus estados de situaciones como la que el propio Obama ha amparado contra Argentina en un tribunal de Nueva York que actúa de ariete para que Paul Singer y otros líderes buitres desangren empresas y países en crisis.
Por ejemplo, el juez Thomas Griesa no tiene la potestad atribuida para actuar contra Argentina si quisiera hacerlo contra cualquier estado de Estados Unidos pero si podría ayudar a los buitre a saquear Puerto Rico. Obama no quiere que ese pase con el estado asociado del país que él lidera. Por eso pide inmunizarlo ante los buitre.
Según publicó AFP, Washington se manifestó "extremadamente preocupado" ante el riesgo de una reestructuración "desordenada" de la deuda de Puerto Rico y llamó a un cambio legal para permitir a ese territorio estadounidense declararse en quiebra.
"Estoy extremadamente preocupado por el daño que un proceso de reestructuración (de la deuda) largo y desordenado podría provocar en la salud, la seguridad y el bienestar financiero de las familias que viven y trabajan en Puerto Rico", aseguró Lew en una carta al senador republicano Orrin Hatch.
El archipiélago, a veces llamado "La Grecia del Caribe", afronta una deuda de unos $73.000 millones. Sus autoridades anunciaron que no podía reembolsar a sus acreedores, entre los cuales hay muchos fondos de pensión estadounidenses.
Según Lew, el Estado federal no contempla un rescate financiero para Puerto Rico pero sería favorable a una ley que diera al territorio la posibilidad de declararse en quiebra para reestructurar su deuda.
Esta herramienta, a la que recurrió por ejemplo la ciudad de Detroit, está reservada por ahora por ley a las colectividades locales estadounidenses y permite evitar demandas judiciales de acreedores que quieren recuperar sus inversiones.
Varios senadores demócratas presentaron hace poco un proyecto de ley que autorizaría a las empresas públicas de Puerto Rico, con deudas importantes, aprovechar la protección de la ley de quiebras.
Las finanzas puertorriqueñas se vieron severamente golpeadas por la finalización en 2006 de un sistema de exoneración fiscal para las empresas, que provocó una caída de la actividad económica de la isla.
Reacción del Gobierno local
Por su parte, el secretario de la Gobernación de Puerto Rico, Víctor Suárez, reaccionó mediante un comunicado de prensa diciendo que “las expresiones del secretario Lew validan que el plan puesto en marcha por esta administración es el correcto, incluyendo la propuesta de establecer un plan de ajuste fiscal y económico a cinco años. Nos sentimos satisfechos de que el secretario reconozca y apoye los esfuerzos del gobernador Alejandro García Padilla en busca de la recuperación económica del país, teniendo presente el bienestar de los puertorriqueños. Esto demuestra que las reuniones que hemos sostenido con el Departamento del Tesoro, incluyendo la de hoy entre el gobernador y Lew, han redundado en apoyo por parte del Ejecutivo federal.”
El mes pasado, García Padilla había manifestado que la Isla estaba al borde del impago a los acreedores, revelando así la grave crisis fiscal que afronta el Gobierno. Se intentó establecer un mecanismo de defensa, parecido al Capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal, conocido popularmente como la “Quiebra Criolla”, que fue descalificado por el Primer Circuito de Apelaciones de Boston. Por no ser estado incorporado a la nación americana, la Isla no goza de una protección fiscal garantizada.
Todo esto ha estado matizado por una marcada tasa de desempleo y un éxodo masivo de puertorriqueños a los Estados Unidos en busca de seguridad económica.
Fuente: Univision.com
