La sesión legislativa que avaló 27 nuevas Declaraciones de Impacto Ambiental (DIAs) en el Distrito Minero Occidental II de Malargüe volvió a colocar a Mendoza en el centro de un debate que no cesa: ¿puede la provincia avanzar hacia un modelo extractivo intensivo sin vulnerar sus reservas hídricas estratégicas y sin quebrar la confianza de las comunidades? Con 31 votos afirmativos, 3 negativos y una abstención, el Senado también convirtió en ley el protocolo para actuar en ambientes periglaciares.
Milei quiere cambiar la Ley de Glaciares para habilitar la megaminería en ambientes periglaciares
La gacetilla oficial subraya que el proceso estuvo acompañado de audiencias públicas, talleres participativos y la intervención de organismos técnicos y académicos. Se insiste en que la ciudadanía tuvo acceso a la documentación y que el procedimiento garantizó transparencia. Sin embargo, detrás de la narrativa institucional emergen fisuras que ponen en cuestión la legitimidad del avance minero, como la celeridad con la que avanzó el Ejecutivo.
Minería en periglaciares: el Senado dio el ok
Junto a las DIAs, el Gobierno provincial incorporó un protocolo específico para ambientes periglaciares. La “Guía de la Autoridad Ambiental Minera de Mendoza” establece requisitos para caracterizar y operar en zonas de alta montaña con presencia de glaciares o periglaciares.
La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, defendió el instrumento como un paso hacia la regulación: “Los proyectos que estén en altura y puedan tener indicios de zona periglaciar deberán aplicar estos protocolos, con participación de Nación, IANIGLA y la autoridad provincial”.
El protocolo, elaborado junto al IANIGLA-CONICET, tiene fuerza de ley una vez aprobado por la Legislatura. Pero lejos de cerrar la discusión, abre interrogantes sobre la compatibilidad entre minería y protección de ecosistemas frágiles. La Ley de Glaciares, norma de presupuestos mínimos, establece salvaguardas claras.
La propia ministra admitió que la ley podría requerir “una mayor definición de los roles de las autoridades con facultades concurrentes”, aunque aseguró que no se tocarán los principios básicos.
El dictamen ignorado del IANIGLA
El 22 de abril, el IANIGLA-CONICET emitió un dictamen contundente: recomendó no aprobar 17 proyectos mineros en el MDMO II, pidió frenar 8 y suspender otros 9 hasta contar con más información. El principio precautorio, piedra angular de la legislación ambiental, parecía imponerse.
Sin embargo, apenas dos semanas después, el Gobierno provincial solicitó avanzar de todos modos y completar la información faltante “en el camino”, incluso después de aprobadas las DIAs. La decisión generó críticas de legisladores opositores y organizaciones ambientales, que ven en esta maniobra una vulneración del marco legal y un debilitamiento de la confianza pública.
Un modelo productivo en tensión
El protocolo periglaciar reaviva la discusión sobre el modelo productivo de Mendoza. Un sector político y técnico impulsa la exploración como condición para insertarse en la transición energética global. Otro advierte sobre la fragilidad de los ecosistemas de alta montaña y la necesidad de preservar reservas hídricas estratégicas.
El Senado habilitó los 27 proyectos pese a las objeciones ambientales, que no lograron frenar la iniciativa. La Guía de actuación sobre glaciares y periglaciares se perfila como un nuevo instrumento normativo que, lejos de cerrar el debate, lo profundiza.
Malargüe como laboratorio
Malargüe se convierte así en laboratorio de un dilema mayor: ¿cómo compatibilizar la demanda global de minerales estratégicos con la protección de territorios que garantizan agua y vida?
La megaminería avanza con aval legislativo, pero la licencia social sigue en disputa y en las calles de Mendoza hoy se multiplicaron las protestas.