La ministra de Seguridad Patricia Bullrich hilvanó un discurso despojado de coherencia en su defensa mediática al ataque del gobierno de Javier Milei contra los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, en el marco del escándalo por presuntas coimas en la Dirección de Discapacidad. El gobierno presentó una denuncia penal por espionaje ilegal, mientras la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, planteó una demanda en el fuero Civil y Comercial Federal para impedir la difusión de nuevos audios suyos grabados en Casa Rosada.
La hermana del Presidente, Javier Milei, logró en tiempo récord la convalidación judicial de su pedido por parte del juez Alejandro Maraniello, a través de una cautelar. La decisión del magistrado provocó un rechazo a coro desde el ámbito del Derecho, por considerar que es “inconstitucional” e implica un “acto de censura”, además de “violar la libertad de expresión” consagrada para los casos que revisten “interés público”.
Al cruce de las críticas salió Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y candidata al Senado de La Libertad Avanza. En el canal oficialista A24, durante el espacio que conduce Pablo Rossi, desplegó una serie de argumentos insostenibles a favor de la cautelar de Maraniello.
El relato de la ministra no reparó nunca en la situación del juez, que enfrenta ocho denuncias en el Consejo de la Magistratura, cinco de las cuales son por casos de acoso sexual impulsados por empleadas del Juzgado a su cargo.
El juez Maraniello favoreció el ataque al periodismo del gobierno fuertemente condicionado por una colección de causas en su contra a definir por el Consejo de la Magistratura.
Maraniello convalidó la mordaza mediática reclamada por Karina Milei en tiempo récord, mientras corría el plazo de 20 días para defenderse de las imputaciones que le notificó el 19 de agosto el Consejo de la Magistratura. Avaló la censura previa condicionado por la injerencia de la política en la suerte de los magistrados sometidos a juicios administrativos, a sabiendas de que provocaría un fuerte repudio de juristas y defensores de la libertad de prensa.
En la misma sintonía, Bullrich se entregó al escarnio de los institucionalistas agitando un relato que, aunque reñido con el Estado de Derecho, alimente la nueva estrategia oficial para desactivar el escándalo de las coimas. El discurso contempla la justificación de la censura previa y la criminalización del periodismo, pilares del plan para callar a la prensa no alineada y a la oposición política.
En su intervención televisiva, Bullrich negó que el gobierno hubiera solicitado allanamientos a periodistas. Sin embargo, el periodista Gabriel Iezzi leyó en vivo el texto de la denuncia oficial, que incluye pedidos explícitos de allanamiento y secuestro forense en domicilios vinculados al canal Carnaval Stream y a los periodistas mencionados.
Ante la evidencia, Bullrich insistió: “Estamos pidiendo la construcción de la prueba. La justicia puede decidir lo que quiera”.
“¡Están pidiendo allanamientos!”, exclamó Rossi. Y Bullrich, contra las evidencias sobre la mesa insistió: “No. Estamos pidiendo la construcción de la prueba. La justicia puede decidir lo que quiera”.
Y ahí nomás, corrió el eje: de la mentira expuesta en tiempo real sobre el pedido de allanamientos a periodistas que hizo el gobierno libertario pasó a una conclusión insólita: “Nosotros consideramos que no son periodistas. No son periodistas”, alegó sobre los veteranos periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, a quienes acusa de participar en una gigante operación internacional contra el Ejecutivo, en base a un argumento enemistado con la verosimilitud.
“El periodista tiene otra construcción. Hace años que hablo con periodistas y que defiendo la libertad de prensa. No son periodistas”, concluyó sin más.
El affaire que no para de escalar
La hermana del presidente quedó en el centro de un affaire cuyas dimensiones están en plena expansión al difundirse una grabación clandestina a Diego Spagnuolo, quien encabezaba la Dirección de Discapacidad designado por Javier Milei. El también abogado del presidente, relató en la conversación difundida la trama de un esquema recaudatorio mediante retornos en las compras de insumos para el tratamiento de los discapacitados. Según el relato, el dispositivo era administrado por Karina Milei, junto a Lule y Martín Menem.
El escándalo cobró vida con la investigación de los periodistas Mauro Federico e Ivy Cángaro en torno a la filtración de Spagnuolo, que no fue más que la punta de un iceberg atravesado delante de la marcha del gobierno. La escalada no cesó desde el 22 de agosto, cuando se activó la investigación judicial del caso con la ejecución de 15 allanamientos. En el trayecto dejó en evidencia la incapacidad del ejército de operadores construido por el presidente para ejecutar la batalla cultural declarada contra sus opositores para correr el caso del eje.
La demorada reacción del gobierno, basada en acusaciones mediáticas al kirchnerismo y la casta, no mermó la repercusión de las filtraciones comprometedoras. Finalmente, el oficialismo viró a una estrategia extremista que desafía los límites del estado de derecho, instando a la censura previa y la criminalización del periodismo crítico.
