El gobernador Francisco Pérez explicitó su estrategia frente al fallo de la Sala I de la Suprema Corte que suspendió la vigencia de la ley de reconducción presupuestaria a instancias de la UCR, que planteó la inconstitucionalidad de la norma que impulsó el Ejecutivo luego de fracasar en el intento de aprobar el presupuesto. La medida judicial invalidó transitoriamente el endeudamiento avalado por la ley en cuestión.
El titular del Ejecutivo descalificó a los jueces que dictaron la cautelar y trazó las líneas gruesas de una nueva propuesta para negociar con los radicales.
Rodeado por autoridades del PJ, legisladores nacionales y provinciales, intendentes y funcionarios de su gabinete, Pérez acusó "un golpe institucional" de los jueces de la Suprema Corte que dictaron la cautelar contra la ley de reconducción, Jorge Nancláres y Alejandro Pérez Hualde. El mandatario anticipó que llevará el caso a la Corte de la Nación y amenazó con propiciar un juicio político contra los dos supremos locales, a quienes les adjudicó motivaciones políticas para dictar un fallo que, a su criterio, "presenta falencias jurídicas y es contradictorio".
Mientras transcurre la estrategia judicial, el Gobierno intentará avanzar en una nueva negociación con los radicales que posibilite la toma de créditos por $1.400 millones de pesos. En esta instancia del debate presupuestario, cuando el radicalismo se ha negado sistemáticamente a aceptar la toma de deuda por considerar que lo apropiado era reducir el déficit y no financiarlo con préstamos, el gobierno está dispuesto a aceptar que el endeudamiento sea destinado a obras, servicios y cancelación de vencimientos de la deuda pública.
La propuesta oficial será destinar 500 millones de pesos a cancelar vencimientos de la deuda y el resto a cubrir el déficit de la empresa estatal de aguas AYSAM, al fondo para subsidiar el transporte público y a la construcción de viviendas.
Los presidentes del Senado, Carlos Ciurca, y de Diputados, Jorge Tanús, junto al ministro de Gobierno, Rodolfo Lafalla, fueron designados por el Gobernador para reiniciar la negociación con el radicalismo.
