Francisco Pérez aprovechó este viernes una noticia de coyuntura -un motín registrado este jueves en el ex COSE entre la tarde del jueves y la madrugada del viernes- para criticar el accionar de la Justicia en el caso de la no habilitación de la cárcel de menores de Cacheuta, cuestionada por organismos de Derechos Humanos y la Comisión Provincial para la Prevención de la Tortura, quienes merced a un hábeas corpus frenaron el traslado de adolescentes al lugar.
"Veintinueve medidas más nos ha pedido la jueza", recalcó el mandatario poniendo el acento sobre el número de exigencias que la jueza Mariana Zabi interpuso al Ejecutivo como condición para trasladar presos allí. Zabi se hizo eco del recurso legal -presentado por Asociación Xumek de Mendoza-y suspendió el traslado al presidio de menores hasta tanto no se cumpla con los puntos establecidos en una resolución basada en derechos internacionales garantizados en pactos a los que Argentina adhirió en su momento.
Semanas atrás, la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura rechazó la iniciativa del gobierno de Pérez de encerrar a jóvenes que hayan cometido delitos en Cacheuta, por considerar que viola los derechos humanos “e implica un claro retroceso en materia de políticas públicas, exponiendo a la provincia a una nueva violación de derechos de personas privadas de la libertad”.
En ese contexto, el motín de este jueves le dejó a Pérez la pelota en la cancha para fustigar la resolución de Zabi y, de paso a la jueza María Inés Lona de Ábalos, quien criticó a las políticas aplicadas en esa materia por la actual gestión: "Que salgan de las oficinas de Mitre y Montevideo -donde funcionan los tribunales de minoridad-, conozcan el COSE y después conozcan el penal de Cacheuta, que está en condiciones".
A modo de contraste con el actual sitio de detención de los jóvenes, el mandatario ponderó el presidio de Cacheuta, "Allí hay zona de deportes, hay lugar para actividades recreativas, hay lugar para que los chicos trabajen...", enumeró.
No obstante a estas valoraciones del mandatario, la lista de la jueza Zabi para habilitar el sitio indica que no es apto hasta tanto estén garantizados principios de protección de los derechos del niño y otros incluidos en pactos internacionales a los que Argentina adhirió en su momento.
Entre otros puntos, la jueza ordenó que los jóvenes deberán tener a su disposición una biblioteca, computadoras con acceso a internet, un régimen de visitas íntimas a resguardo, monitoreo en video con sonido de lo que ocurra en la institución, asesoramiento de docentes, psicólogos, trabajadores sociales, técnicos en minoridad y familia y demás profesionales que “garanticen la contención” de los internos.
