El Gobierno de Mendoza llevó a la Casa Rosada el conflicto local con los radicales que estalló con una cautelar de la Suprema Corte que suspende la vigencia de la ley de reconducción presupuestaria que permitía al mandatario Francisco Pérez financiar el déficit de su gestión anual con créditos. Este jueves, el gobernador y el ministro de Hacienda, Marcelo Costa, fueron con la historia al despacho del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.
"Me junté con Capitanich para explicarle la preocupación que tenemos frente al fallo de la Corte y los problemas financieros que puede acarrear para la Provincia, fundamentalmente para la obra pública", declaró el mandatario mendocino al salir de la Jefatura de Gabinete, citó la prensa oficial de la Gobernación.
"El Jefe de Gabinete iba a estar hoy en Mendoza para iniciar una obra con el empresario Benito Roggio, con una inversión de 80 millones en una planta de tratamiento de residuos sólidos. Pero eso ha quedado suspendido por esta situación", subrayó Pérez, en referencia a una de las múltiples acciones del Estado que el gobierno anunció que desactivará para cumplir con la decisión judicial.
La Sala I de la Suprema Corte, con las firmas de Jorge Nancláres y Alejandro Pérez Hualde, hizo lugar a una medida cautelar pedida por la UCR para evitar que Pérez usara la Ley de reconducción presupuestaria de respaldo para obtener créditos por cerca de $1.200 millones. Los radicales, promotores de la medida judicial, aseguraron que la cautelar sólo impide la toma de ese endeudamiento, pero el Gobierno acusó que el fallo de la Suprema Corte obliga al recorte de cerca de la mitad de las obras y más del 30% de las prestaciones del Estado.
