El gobernador Francisco Pérez convocó a dirigentes empresarios a la Casa de Gobiernos para sumarlos a su estrategia en el conflicto con los radicales por el endeudamiento, en el que intervino decisivamente la Suprema Corte dictando una medida cautelar contra la aplicación de la ley de reconducción presupuestaria, que autorizó al Ejecutivo a contraer créditos por unos 1.200 millones de pesos.
Entre los participantes de la convocatoria estuvieron algunos viejos aliados del Gobierno como Fernando Porreta, presidente de la Cámara de la Construcción, y Adolfo Trípodi, titular de la Federación Económica de Mendoza. También escucharon la exposición del gobernador Juan José Canay, presidente de Bodegas Argentinas, y Adolfo Brennan, dirigente de una entidad de empresarios de Capital.
Porreta hizo su parte en la estrategia del oficialismo para salir del conflicto sin tener que negociar el manejo de los recursos con los radicales. Reforzó la amenaza del Ejecutivo sobre la paralización de la obra pública que traería como consecuencia la aplicación de la cautelar judicial. Además de encabezar la Cámara de la Construcción, Porreta encabeza la empresa Ceosa, una de las principales beneficiarias de los negocios que generan las obras contratadas por el Estado.
Los radicales pidieron esa medida con la intención de bloquear la posibilidad contraer deuda para tapar un déficit de menos del 5% de presupuesto, pero no bien fue difundida la medida dictada por la Suprema Corte, el Gobierno acusó a los responsables de la cautelar de provocar la parálisis de más del 35% de la administración.
Después de la exposición de Pérez de los daños que él endilga a la cautelar impulsada por el radicalismo, Porreta, citado por el diario El Sol, amenazó: "Hay entre 1.500 y 1.800 trabajadores que ven frenadas las obras del IPV. Es probable que pierdan el trabajo".
En el encuentro organizado por la Gobernación también estuvo Rodolfo Calcagni, secretario general de la CGT de Mendoza, y un grupo de sindicalistas de distintos rubros aliados al jefe de los choferes de micros.
Antes del cónclave, la FEM emitió un comunicado con su visión sobre la situación. "Los últimos acontecimientos reflejados en los desacuerdos referidos al presupuesto y al endeudamiento de la provincia crean una incertidumbre sobre el futuro de nuestras actividades que pone en peligro no solo la estructura del Estado si no de las políticas económicas activas que necesitan los diversos sectores productivos”, consideró la entidad.
Al final, llamó "a la clase política a acordar, tanto a los que les toca ejercer el poder como a quienes están en la oposición. Ninguno es ajeno a los problemas que nos agobian y que mutuamente se achacan. De no actuar, habrá consecuencias para la provincia de Mendoza. De nuestra parte proponemos incorporarnos al debate para aportar ideas y arribar así a una rápida solución de la coyuntura”.
