Desde que Parques Nacionales despidió a Federico Soria, vecino de Uspallata y uno de los asambleístas más activos contra la mina San Jorge, se generó un fuerte rechazo por parte de diversas asambleas socioambientales de Mendoza.
Soria, técnico en Conservación de la naturaleza, licenciado en Turismo y Posgraduado en Administración de Áreas Protegidas, fue separado de su cargo tras un sumario disciplinario, lo que sus defensores consideran un acto arbitrario y discriminatorio.
Un despido con implicancias políticas
Soria ha sido una figura clave en la resistencia contra el proyecto minero San Jorge, liderando protestas masivas en la villa cordillerana. Su despido se enmarca en un contexto de tensión entre los activistas por el agua y el gobierno provincial, que recurrió a la judicialización de la protesta y a tácticas de hostigamiento para silenciar las críticas.
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"Nunca detienen al agresor, sino a quienes defienden sus derechos", afirmó Nora Moyano, asambleísta de Las Heras, al recordar los episodios de violencia en Uspallata, donde trabajadores de la UOCRA, escoltados por la policía, habrían atacado manifestantes pacíficos.
Por otra parte, la Asamblea Popular por el Agua manifestó en sus redes que "en el intento de instalar la megaminería contaminante en Uspallata utilizan las tácticas más corruptas de persecución".
Solidaridad y resistencia
Organizaciones como la Asamblea por Necesidad y Urgencia y la Asamblea Popular por el Agua han expresado su apoyo a Soria, denunciando que el intento de instalar la megaminería en Uspallata se acompaña de una estrategia de persecución contra quienes defienden el medio ambiente.
En respuesta, las asambleas lanzaron una campaña de apoyo económico para ayudar a los vecinos que enfrentan causas judiciales por manifestarse contra el proyecto minero. "Federico no está solo. Somos todas y todos quienes defendemos el agua y los bienes comunes", remarcaron desde la Asamblea Popular por el Agua en sus redes sociales.
