El Ministerio de Capital Humano recurrió a la Corte Suprema para tratar de cerrar la causa donde se cuestiona que no entrega los alimentos almacenados en galpones. El Gobierno redobló así su batalla contra los comedores populares, a los que pretende quitar de la intermediación sin proponer un plan alternativo para que la comida llegue a la población vulnerada.
Es la causa penal en la que el juez Sebastián Casanello y seis camaristas de dos instancias ya le dijeron a la cartera que conduce Sandra Pettovello que tiene que presentar un plan y distribuir los productos que tiene acopiados, algo que se vio obligada a hacer con la leche en polvo que estaba a punto de vencer.
La negativa a entregarle a comedores y organizaciones sociales los alimentos tuvo un capítulo central en Mendoza, cuando Pettovello quiso entregarle a Abel Albino y CONIN el reparto de leche almacenada. Sin embargo, el pediatra del Opus Dei no tiene la logística para hacerlo.
La presentación original la hicieron Juan Grabois y la Asociación El Amanecer para que se repartiera comida en los comedores, como venía ocurriendo el año pasado. Después se sumó la información de las casi 6 mil toneladas en los galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo.
Todos los jueces hasta ahora coincidieron en que el Gobierno tiene que garantizar el derecho a la alimentación y establecer en un plan cómo va a distribuir esa comida, algo que el ministerio hizo a medias y con demoras.
Fuente: Cenital
