El Centro de estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad presentó este lunes ante la Justicia Federal de La Plata una acción de amparo de alcance nacional contra el ajuste en el precio del gas por la suba del dólar que los usuarios deberán pagar en 24 cuotas y con interés, según lo establecido por la Secretaría de Energía de la Nación, según consignó Palabras del Derecho,
El Poder Ejecutivo resolvió a través de la Secretaría de Energía de la Resolución 20/2018, publicada el viernes pasado, que a partir de enero de 2019 los usuarios del servicio de gas natural deberán pagar en 24 cuotas y con interés la diferencia del precio del gas registrada entre abril y septiembre de 2018, producto de la suba del dólar a consecuencia de la devaluación del peso. Este ajuste, se suma a las otras subas que viene estableciendo el Gobierno en el marco de la revisón tarifaria.
La acción interpuesta por Cepis peticiona "la inconstitucionalidad y nulidad de la Resolución 20/2018 de la Secretaría de Energía dependiente del Ministerio de Hacienda dictada el viernes pasado por el Poder Ejecutivo Nacional. También del inciso 5° del artículo 37 del decreto 1738/92 y del punto 9.4.2.5 de las Reglas Básicas de Licencia de Distribución aprobadas por Decreto 2255/92".
La presentación funda que "el aumento del gas se produce por la decisión gubernamental de devaluar el peso y, por tanto, las consecuencias no pueden soportarlas exclusivamente los usuarios del servicio. La diferencia que existe entre el precio de las tarifas para los usuarios establecido en audiencias públicas y el costo del gas previsto en los contratos no puede ser afrontado por los ciudadanos porque de ese modo estarían asumiendo riesgos y costos que no han sido generados por ellos. Es el Poder Ejecutivo Nacional quien determina la política cambiaria del Estado".
Además, agrega, que la Resolución de la Secretaría de Energía " establece tasas de interés que se deben cargar a las cuotas para la devolución del diferencial por la devaluación. La aplicación de tasas de interés constituye un cargo que es completamente ilegal".
Finalmente, alude que "aún en el caso de que la Justicia considere legal el traslado del precio dolarizado del gas a los usuarios, el Poder Ejecutivo no cumplió con las audiencias públicas para definir el modo y forma de pago de la derivación de los costos a los ciudadanos", según se informó en el comunicado oficial del Cepis.
