Abogados querellantes presentaron una acción de amparo y un pedido de una medida cautelar ante el juzgado de Daniel Rafecas contra el desmantelamiento del área de Defensa que investigaba crímenes de lesa humanidad ejecutada por Luis Petri.
Pablo Llonto y Mariana Mauer pidieron al juez que dicte una cautelar que disponga el mantenimiento de los expertos en el trabajo de archivos que fueron despedidos y que se proteja la documentación, según anticipó Página 12.
El miércoles 27 de marzo, al filo de fin de semana largo por Pascuas, el director de Derechos Humanos y Derecho Internacional humanitario del Ministerio de Defensa, Lucas Miles Erbes, comunicó el despido de diez de los trece trabajadores que se desempeñaban en los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) de archivos de las tres Fuerzas Armadas.
Los ERyA se crearon durante la gestión de Nilda Garré al frente del Ministerio de Defensa en respuesta al decreto de Cristina Fernández de Kirchner que en 2010 ordenó desclasificar toda la información que estuviera en poder de las Fuerzas Armadas sobre el período de la última dictadura. Su trabajo se mantuvo durante los últimos catorce años –a pesar de los despidos que tuvieron lugar durante el gobierno de Mauricio Macri.
Según denunciaron desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), los despidos en el Ministerio de Defensa estuvieron enfocados en los equipos de relevamiento y análisis.
“Se pone en riesgo el resguardo de la totalidad de la prueba documental original que se encuentra en los archivos de las Fuerzas Armadas y la producción de informes especializados a requerimiento del Poder Judicial que los Equipos vienen realizando desde el año 2010 y constituyen pruebas fundamentales para los juicios de Lesa Humanidad de todo el país y, además todo este trabajo de los equipos ha resultado y resulta un medio para dar cumplimiento a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino de investigar y sancionar a los responsables por graves violaciones a los derechos humanos sumado al enorme aporte al derecho a la verdad para las víctimas, sus familiares y la sociedad en su conjunto”, escribieron Llonto y Maurer.
