El 23 de octubre, la marcha contra el proyecto minero San Jorge terminó con la detención de dos referentes de las asambleas por el agua: Liza Rule y Martín Iglesia. Ambos fueron trasladados a la Comisaría Séptima y al Polo Judicial, donde permanecieron en calabozos durante horas. La Fiscalía incorporó al expediente las filmaciones obtenidas de las llamadas bodycam, cámaras incrustadas en los uniformes policiales, que muestran cómo los manifestantes fueron golpeados aun cuando ya estaban reducidos por los agentes.
El jefe de la Policía, Marcelo Calipo, había anticipado que ese material se utilizaría para identificar y detener a más personas. “Estamos revisando las bodycam para enviarle las imágenes al fiscal”, declaró tras la marcha.
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«En la Legislatura hubo torturas»
Al recuperar la libertad, Rule e Iglesia denunciaron haber sido golpeados con ferocidad dentro de la Legislatura, adonde fueron arrastrados por los agentes. La acusación fue presentada ante la comisión de Derechos y Garantías de Diputados, en una sesión especial que expuso la tensión creciente entre las fuerzas de seguridad y los sectores movilizados en defensa del agua.
Las imágenes del interior de la Legislatura, exigidas por Rule en su exposición, se viralizaron rápidamente en redes sociales, compartidas por las asambleas. El registro audiovisual contradice la versión oficial y refuerza las denuncias de violencia institucional.
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Para el Gobierno «son violentos que se hacen las víctimas»
Consultado sobre las detenciones y las denuncias, el gobernador Alfredo Cornejo no dudó en calificar a los manifestantes como “violentos que se hacen las víctimas y son victimarios”. La frase sintetiza la estrategia oficial: deslegitimar la protesta y reforzar la narrativa de que quienes se movilizan contra el proyecto minero son responsables de los hechos de violencia.
La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, fue aún más explícita al anunciar un nuevo dispositivo para las manifestaciones. “En Mendoza el orden público no se negocia”, sentenció, al confirmar que las protestas quedarán confinadas en Plaza Independencia, el espacio verde próximo a la Legislatura. Allí se aplicarán estrictas reglas: sin acampes, sin cortes de calles y bajo vigilancia permanente, con reconocimiento facial y fiscales afines al oficialismo preparados para abrir causas de manera inmediata.
Encapsular la protesta
El objetivo declarado del Gobierno es “dar garantías para que se manifiesten, pero con reglas claras”. Sin embargo, el dispositivo apunta a encapsular la protesta y evitar que se repitan escenas como las de 2019, cuando la reforma de la Ley 7722 desató una pueblada que obligó al entonces gobernador Rodolfo Suarez a retroceder. Aquella movilización masiva frenó la habilitación del cianuro en la minería, tras un pacto con el PJ que había reformado la norma.
La memoria de ese estallido social sigue presente en las calles mendocinas. Por eso, las medidas anunciadas buscan neutralizar la capacidad de las asambleas de expandir la protesta más allá de un perímetro controlado. El uso de tecnologías de vigilancia, el principio de flagrancia y la amenaza de nuevas detenciones configuran un escenario de criminalización creciente.
Una tensión que se repite
Las últimas marchas contra San Jorge y la megaminería ya habían mostrado un patrón: tras manifestaciones pacíficas, la policía enfrentó a vecinos con empujones y detenciones al voleo. Con las bodycams como prueba y las denuncias de torturas en la Legislatura, el conflicto escala hacia un terreno más delicado: el de los derechos humanos y las garantías constitucionales.
La crónica de octubre expone un choque frontal entre la defensa del agua y la política de orden público del Gobierno provincial. Mientras las asambleas viralizan las imágenes y denuncian violencia institucional, el Ejecutivo endurece las reglas y busca encerrar la protesta en un espacio vigilado.