Con Alfredo Cornejo y la ministra Mercedes Rus de expectadores, el Gobierno montó una performance en la Base Cóndor para mostrar cómo usarán las pistolas Taser que en unos 40 días llegarán a Mendoza. La presentación se hizo días después de varios casos de inseguridad resonantes, entre ellos el de una kiosquera atacada a golpes por un ladrón.
Cornejo envió un proyecto de ley de regulación de los cuerpos de seguridad ciudadana municipales que se está tratando en la Legislatura para que incorporen esas armas, y otras como bastones y gas pimienta.
Mientras que la ministra recordó que “los municipios no están obligados a crear estos cuerpos”, Cornejo indicó que “Capital es el único que ha mostrado interés en que sus preventores puedan utilizar este tipo de armas no letales. En este caso, ofrecemos toda la colaboración en la instrucción. Se los va a capacitar, se los va a incluir. Si después algún municipio quiere hacerlo, también estamos disponibles a colaborar”.
Sobre la compra realizada, Rus señaló que se trata de “la compra más grande en la historia de Mendoza”. Agregó que “son 130 unidades con tecnología de última generación, que serán incorporadas progresivamente a las fuerzas policiales de la provincia y bajo estrictas capacitaciones que deberá realizar para poder portalas”.
Operativos en barrios pobres
La actuación y el despliegue policial están a tono con la propaganda punitiva del oficialismo.
Días atrás, por cuarta vez en lo que va del año el Gobierno de Cornejo montó operativos simultáneos en barrios empobrecidos, con secuestros de poca monta y detenciones de delincuentes ídem pero con alto impacto mediático, como parte de su política de propaganda punitiva.
La Legislatura aprobó por unanimidad en septiembre de 2024 una ley que le permite a Cornejo redoblar el despliegue de propaganda punitiva con allanamientos masivos en barrios empobrecidos como parte de su política. Se trata de una modificación al Código Procesal Penal que propone que los fiscales puedan presentar y fundamentar los pedidos de allanamiento en audiencias orales, "facilitando así la comprensión y resolución por parte del juez", señaló el oficialismo.
Ahora los fiscales pueden pedir audiencias unilaterales para agilizar allanamientos u otras medidas relacionadas. "Estas audiencias deben fijarse de inmediato, y el juez debe tomar una decisión durante la misma, dejando constancia en un registro audiovisual. En estos casos, también se dispone la presencia de un juez penal durante el allanamiento", señala en los fundamentos la ley.
