Los integrantes de la Asamblea Popular por el Agua insistieron en la necesidad de que la Corte convoque a una audiencia pública para debatir la ley 7722, que tiene 11 pedidos de incostitucionalidad por parte de empresas mineras y particulares y sobre los cuales el tribunal adelantó a fines de 2013 que fallará en pleno de sus integrantes.
La insistencia en abrir el juego a la opinión pública, señaló Gabriel Liceaga, uno de los miembros de la asamblea, vino tras la difusión de un artículo en el diario Los Andes donde se menciona la expectativa de dos grupos rusos en la reactivación del Proyecto San Jorge, de extracción de cobre, en Uspallata.
En la nota se mencionó que los rusos dueños del proyecto -Solway Investiment, que ingresó en el 2010 con la retirada de Coro Mining, y Aterra Capital, que se incorporó en 2013- delinean dos estrategias respecto al esperado fallo de la Corte: si los supremos avalan la ley que impide la minería contaminante, los empresarios "avanzarán con el proyecto biprovincial. Así, entonces se realizará la extracción primaria de cobre en Uspallata, desde ahí la materia prima recorrerá 22 kilómetros en tren hasta llegar al departamento de Calingasta de San Juan donde se realizará el tratamiento con ácido sulfúrico. En Mendoza entonces, solo quedaría una cantera por la que deberán pagar regalías", señala la publicación.
Los ambientalistas entienden que la Corte debe llamar a una audiencia pública porque "es el procedimiento que corresponde si el tema excede el interés de las partes, y esto obviamente excede el interés de las partes, involucra a toda la sociedad", apuntó Liceaga en la FM Universidad, donde en la tarde de este miércoles mantuvo un diálogo con Silvia Sasola.
Agregó Liceaga que "es un tema politico si entra o no la megaminería en Mendoza, la Corte creemos que está reconociendo esto en el tratamiento que ha encarado, y por esto queremos que llame a una audiencia pública". Luego manifestó el asambleísta que "está muy claro y no fue nada confuso en el 2010 el pueblo de Uspallata que se expresó en contra de la megaminería, y fue muy contundente, dijo no".
La presión social en contra del proyecto extractivo en San Jorge fue tal que obligó a Francisco Pérez -después de que en agosto de 2011 la legislatura votara en contra del proyecto- a decir en plena campaña que no se iba a modificar la ley ni impulsar el emprendimiento si resultaba electo como gobernador.
