Por Tareq Haddad
Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo
Londres: El pasado viernes 14 de agosto Julian Assange compareció ante el Tribunal de Magistrados de Westminster por videoconferencia.
Según pudieron observar los allí presentes a través de dos monitores de pantalla plana a ambos lados de la sala del tribunal de West London, el fundador y antiguo editor de WikiLeaks compareció pacientemente a lo largo del procedimiento en el cual no tuvo ningún papel activo; durante el mismo tosió y aclaró su garganta repetidas veces.
Confinado en una celda solitaria en la prisión de alta seguridad de Belmarsh durante veintitrés horas y media al día, con una afección pulmonar crónica, esta es la segunda vez que Assange comparece en las últimas semanas. Solo habló una vez para confirmar su nombre y fecha de nacimiento, pero le costaba hablar y parecía debilitado según un puñado de observadores.
Al estar en “prisión preventiva” sin haber sido condenado, se supone que Assange tiene que comparecer ante el tribunal cada veintiocho días, bien en persona, bien por videoconferencia, pero a menudo ha estado demasiado enfermo para hacerlo o ha evitado el trámite siguiendo los consejos de profesionales de la salud, especialmente a cuenta de las preocupaciones relacionadas con el covid-19.
Las nuevas restricciones impuestas a los tribunales británicos a causa de la pandemia han entorpecido el proceso judicial de diversas maneras. Aparte de las dificultades para viajar de los abogados de la defensa y la acusación, los requisitos del “distanciamiento social” tienen como consecuencia que solo unas pocas personas tienen el acceso garantizado y la mayor parte deben utilizar los sistemas de videoconferencia.
Los periodistas y los observadores internacionales –incluyendo a Rebecca Vincent, directora de campaña de Reporteros sin Fronteras, y Diani Barreto, asesor de diversos miembros del Parlamento Europeo– han condenado públicamente en diversas ocasiones el mal funcionamiento de las instalaciones. En la mayor parte de los casos, las diligencias procesales se han transmitido por teléfono.
En la Gran Bretaña de 2020 –la tierra de la Universidad de Oxford, el GCHQ (Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno) y el grupo de inteligencia del ejército denominado Brigada 77ª– el Ministerio de Justicia funciona a su ritmo habitual y, tras diez años de gobierno conservador, los tribunales pasan una mala época, al igual que el resto de servicios públicos británicos. No obstante, la juez de distrito Vanessa Baraitser está entusiasmada con la idea de extender los servicios de videoconferencia para futuros procesos.
Los tribunales británicos (HMCTS) han ido incorporando estos avances tecnológicos como parte de un proyecto de 2016 destinado a realizar un giro radical hacia lo digital. El uso de herramientas de videoconferencia como Skype se ha convertido en una característica de una serie de procedimientos civiles y la adopción de la llamada “Plataforma de Video en la Nube” hecha a medida del gobierno ha ido ganando aceptación en tribunales penales después de su introducción en mayo.
La London School of Economics publicó recientemente una evaluación independiente sobre la efectividad de estos servicios adoptados por los tribunales británicos, especialmente tras la pandemia, y tanto jueces como usuarios han respondido positivamente a pesar de las preocupaciones iniciales.
En el caso de Assange, no obstante, el retraso de la justicia no supone solo la negación de la justicia. Mientras la atención global transita de Wuhan a Washington y de Minneapolis al Líbano, este padre de dos criaturas ha pasado otros cinco meses en prisión sin contacto con sus abogados ni visitas familiares. Y ya van casi diez años de lo que Naciones Unidas ha considerado una y otra vez como una detención arbitraria. Mientras tanto, el gobierno británico ha sido hasta ahora incapaz de responder a tres informes distintos de la ONU y a la correspondencia relativa a los mismos.
Serena Tinari, periodista de investigación residente en Suiza ha condenado la gestión británica del caso. “¿Cómo puede el Reino Unido comportarse de este modo?” declaró tras la comparecencia del viernes. “Es algo inaceptable, una parodia de la justicia. ¿Qué es eso de que no pueda comunicarse con sus abogados durante meses? […] Es el tipo de conducta que tal vez podría esperarse de ciertos países no democráticos en vías de desarrollo, pero no de Reino Unido. Es una auténtica locura”.
Tinari –prominente miembro de diversas organizaciones globales, incluyendo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación– fue cofundadora de la campaña #JournalistsSpeakUpForAssange, en la que más de 1.500 profesionales de los medios han firmado en apoyo de su colega encarcelado, una situación con el que algunos de los periodistas han tenido que tratar en el pasado.
“Assange arrastra problemas de salud desde hace años”, añadió Tinari. “Además, incluso en ausencia de enfermedades, cuando estás encerrado 23 horas al día en un ambiente insano, las cosas solo pueden empeorar […] Diez años sin tomar el sol y viviendo constantemente con miedo… es un milagro que siga vivo”.
Tinari exigió que Assange fuera trasladado inmediatamente a un centro médico para recibir tratamiento. Varios doctores han expresado repetidas veces una preocupación similar, especialmente en la prestigiosa revista médica The Lancet, pero no se ha adoptado ninguna medida significativa para aliviar el sufrimiento del australiano.
La audiencia del viernes se vio empantanada en nuevas complicaciones que probablemente causarán importantes retrasos al ya prolongado caso de solicitud de extradición por Estados Unidos. Assange lleva en custodia británica 16 meses, desde que fue desalojado de la embajada ecuatoriana en Londres.
Las confusiones respecto al horario hicieron que los abogados de la acusación que representan al gobierno estadounidense se retrasaran treinta minutos, lo que provocó una serie de demoras y contratiempos procesales. Una vez que todas las partes estuvieron presentes y la audiencia pudo comenzar al fin –olvidando a la docena de periodistas que accidentalmente quedaron “a la espera” escuchando música ambiental por el teléfono– se dio paso a la segunda formulación de cargos por parte del Departamento de Justicia de EE.UU.
Se trata de la tercera acusación, que sustituye a la que presentó ese mismo el Departamento de Justicia el año pasado y a principios de este verano, y que modifica sustancialmente la caracterización de los actos de Assange e introduce nuevos co-conspiradores que anteriormente no habían sido mencionados. Estos nuevos cargos se entregaron inesperadamente a la justicia británica a las 4 de la tarde del miércoles 12 de agosto, menos de tres días antes de la audiencia del viernes y a solo tres semanas de la fecha prevista para la continuación de las vistas importantes.
Por si fuera poco, los documentos de la fiscalía del Estado solicitando la actualización de la extradición llegaron dos días después de la fecha límite para presentar el resumen de los argumentos que justifican dicha solicitud.
En previas audiencias, la juez de distrito Baraitser se había encargado personalmente de organizar un tribunal de reemplazo a pesar de la multitud de casos pendientes que arrastran todos los tribunales de Inglaterra y Gales, especialmente en la capital británica. La cita es para el 7 de septiembre en el tribunal penal de Old Bailey y parece que a Baraitser no le impresionó que la acusación hubiera vuelto a cambiar los cargos presentados contra Assange, al parecer una constante de la actuación de EE.UU. en este caso.
Aunque ya estaba decidido presentar los testimonios de los testigos y las pruebas en las audiencias de las próximas tres semanas, el hecho de que los querellantes hayan introducido una nueva acusación –con una extensión de 49 páginas– probablemente supondrá nuevos escollos imprevistos.
Florence Iverson de Matrix Chambers, actuando en nombre de la defensa de Assange, afirmó al tribunal de Westminster que la introducción de una nueva acusación a estas alturas del proceso era “algo inaudito”. “Creemos que resulta extraordinario y un abuso potencial añadir un nuevo requerimiento en el último momento con la intención de ampliar el caso que llevamos un año preparando”, declaró.
La defensa de Assange –dirigida por Mark Summers, Edward Fitzgerald y Gareth Peirce– ha recopilado una extensa lista de infracciones de procedimiento en relación con el manejo del caso del editor exiliado. Se espera que una serie de ellos, como la distorsión de los privilegios otorgados a la relación entre cliente y abogado trasgredidos por la vigilancia ejercida sobre Assange y su equipo legal, por ejemplo, salgan a la luz en las audiencias del próximo septiembre.
Hasta entonces, Assange continuará en una celda con acceso limitado a sus documentos legales. El acceso por ordenador que se le había concedido se ve restringido porque parte del teclado había sido pegado para inutilizarlo. Si llega a ser extraditado a Estados Unidos, se enfrenta a la posibilidad de ser sentenciado a 175 años de cárcel.
El caso continúa.
