La Séptima Cámara del Crimen absolvió a Raquel Blas, secretaria general de ATE, en el final del juicio que se le realizó por una denuncia de amenazas graves que realizaron dos funcionarios del gobierno de Celso Jaque. El final del proceso develó un papelón de proporciones para la Justicia provincial que fue empujada por el poder político a seguir una acusación contra la combativa dirigente gremial sin pruebas que sustentaran los cargos, como quedó de manifiesto en el debate oral y público.
El tribunal de enjuiciamiento ni siquiera tuvo que tomar una decisión sobre la culpabilidad de Blas, puesto que la fiscal Susana García, no encontró pruebas para acusar a Blas. El juicio contra la gremialista comenzó el martes, cuando fue absuelto Roberto Macho, secretario gremial de la entidad sindical, acusado por el mismo episodio que Blas, porque la causa se demoró en llegar a juicio más tiempo del que debió para una denuncia por simples amenazas.
La titular de ATE y de la CTA opositora en Mendoza advirtió que pedirá un Jury contra la jueza de Garantías Alejandra Mauricio, quien fue responsable de ratificar el peso de las pruebas existentes en el expediente para llevar a juicio a la dirigente gremial que más irrita a la Casa de Gobierno. La causa contra Blas se inició por sendas denuncias de Pedro Masman, ex viceministro de Salud, y Adrián Cerroni, ex ministro de Hacienda, quienes expusieron que se sintieron amenazados durante una negociación salarial que terminó escandalosamente en el quinto piso de la Casa de Gobierno.
El hecho sucedió en 2009, con el gobierno de Jaque debilitado por la estrepitosa derrota electoral del 28 de junio (perdió con el radicalismo por más de 20 puntos) y acosado por la protesta del frente de gremios estatales. Masman y Cerroni hicieron la denuncia contra Blas y Macho a instancias de Jaque y Alejandro Cazabán, entonces secretario general de la Gobernación, quienes vieron en el proceso judicial una herramienta para limitar el campo de acción del sindicalismo combativo.
Los tiempos de la política pasaron, la coyuntura mejoró para el oficialismo y el episodio quedó como una anécdota para los funcionarios de Jaque. No obstante, la Justicia no entendió ni el origen ni el sustento de la denuncia contra los gremialistas. Entonces, cuando la causa llegó a juicio los propios denunciantes desmintieron haber sido amenazados o intimidados por los gremialistas con lo cual, la causa se quedó sin sustento.
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