La secretaria general de ATE se ofreció para presentar pruebas de la corrupción en torno a una renegociación de contrato que implicó la duplicación de los ingresos empresarios en detrimento del Estado.
La Secretaria General de ATE, Raquel Blas, se presentó en la Justicia Penal como querellante de las autoridades del Casino de Mendoza que renegociaron el contrato de usufructo de las máquinas tragamonedas con Mendoza Central Entretenimientos, una subsidiaria del holding de los empresarios locales Daniel Vila y José Luis Manzano. Además de pedir la investigación de los funcionarios implicados en la cesión, solicitó la nulidad del contrato sospechado.
La presentación de Blas es contundente respecto a la convicción de que en las condiciones negociadas con el conglomerado empresario beneficiaron una gran renta para los privados en detrimento de los ingresos del Estado.
"A nuestro juicio y por las razones que seguido se expondrán, los hechos referidos constituyen, con meridiana claridad, un delito cometido por funcionarios públicos corruptos que merece encuadrarse en la figura típica prevista y penada por el arto 265 del Código Penal, el cual establece que será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo ... ", cita el escrito presentado por Blas.
Para la dirigente de los estatales, las autoridades del Casino "incurrieron en negociaciones incompatibles con la función pública".
En un tramo del escrito, Blas le pide a la Justica que "observe la irregularidad de lo actuado por parte de funcionarios públicos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos de la Provincia de Mendoza, en particular del por entonces Presidente de su Directorio, el señor Daniel Pereyra, quien durante la gestión del por entonces gobernador de la Provincia Celso Jaque, para fecha 18 de julio del 2011 renegoció infundadamente con la empresa Mendoza Central Entretenimiento S.A el contrato que había obtenido por cesión de la posición contractual del beneficiario de la licitación pública ganada en su oportunidad".
Antes de ser nombrado presidente del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, Pereyra fue empleado de Vila y Manzano en la Universidad de Congreso, pertenciente al holding que ostenta el multimedios Uno, donde se desempeñó como rector.
La titular de ATE pidió formalmente ser parte en el expediente como querellante, de modo de poder presentar pruebas para sustentar la existencia de los ilícitos que el gremio de los estatales denuncia públicamente desde que se inició la renegociación conveniente para Vila y Manzano de las tragamonedas del Casino oficial.
Como consta en la denuncia de Blas, en la renegociación los empresarios salieron ganando una duplicación prácticamente del porcentaje que se llevaban del negocio de las tragamonedas. Del 26% de la recaudación, la empresa Mendoza Central Entretenimientos pasó a llevarse el 47%. Las autoridades del Casino le cedieron a Vila y Manzano casi todos los negocios al rededor de las ruletas y las cartas, además de las tragamonedas, el restorán y la confitería de la sede central del Casino oficial. "Y como si ello fuera poco, se le otorgó graciosamente a dicha sociedad comercial la posibilidad de decidir a su gusto y piaccere la prórroga por cinco años más de la explotación concedida", resalta el escrito presentado por Blas en la Justicia.
La presentación como querellante de la secretaria general de ATE, con el patrocinio del abogado Alfredo Mellado, se funda en la habilitación del Código para cualquier persona que tenga pruebas para aportar a ser partícipe de una causa por corrupción contra un funcionario público, condición que tienen las autoridades del Casino, según la definición de funcionario público del artículo 77 del Código Penal, cita el escrito de Blas.
