9 manifestantes detenidos

Repudian la razzia de la Policía de Mendoza tras la marcha contra la reforma de la Ley de Glaciares

La Agrupación de Presxs Politicxs por Defender el Agua denunció abusos policiales, centros clandestinos de detención y responsabilizan al gobierno y a Minera San Jorge.
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La Agrupación de Presxs Politicxs por Defender el Agua emitió un comunicado en el que expresa su “total y absoluto repudio a la razzia policial efectuada anoche durante una movilización en las calles de Mendoza”, en el marco de una protesta “legítima y pacífica, en defensa de la Ley de Glaciares y en contra del proyecto elevado por Milei al Congreso para su modificación, por expresa recomendación de Cornejo”.

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El texto recuerda que “en nuestra provincia ya se aprobó una modificación de esta normativa a nivel local por ‘sugerencia’ de las empresas mineras, sancionada por ley 9685”. Se refiere al protocolo de periglaciares que impulsó el gobierno para que las mineras puedan actuar en ambientes antes prohibidos.

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Detenidos en un operativo desmesurado

Según recordó la agrupación, “en total hay 9 manifestantes privados ilegítimamente de su libertad, por policías que no exhibían identificación, quienes en un claro contexto de abuso de autoridad, administraron la violencia de manera desmesurada e injustificada”. Los detenidos fueron “llevados por la fuerza al interior del edificio del Ministerio de Turismo, transitoriamente convertido en centro clandestino de detención, para ser luego trasladados a la cárcel de Estrada, donde hoy se está reclamando su libertad”.

Los presos políticos de Cornejo

El comunicado denuncia que “con estos nuevos encarcelamientos, el gobernador Alfredo Cornejo ya tiene en su haber 32 presos políticos, por cuenta y orden de Minera San Jorge”, lo que demuestra —afirman— “que la megaminería no tiene licencia social y la única manera a la que pueden echar mano para imponerla de prepo, es criminalizando la protesta social con prácticas antidemocráticas”. La agrupación advierte que estos hechos “recuerdan las épocas más oscuras de nuestra historia”.

Finalmente, se exige “la libertad inmediata de todas las personas encarceladas por protestar y el cierre de todas las causas contra defensores del agua, en cumplimiento al Acuerdo Escazú”. Además, responsabilizan “al Gobierno de Mendoza y a Minera San Jorge por cualquier agresión, persecución o afectación a la salud física y/o psíquica de todas y cada una de las personas que son sus presos políticos, de sus familiares y demás afectos”.

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