A horas de la discusión en diputados de la DIA del proyecto San Jorge, el Conicet Mendoza difundió un lapidario documento contra el proyecto pidiendo la suspensión del tratamiento por las nulas garantías ambientales. Cerca del mediodía de este miércoles, el documento fue levantado de la web, y en su lugar el Conicet difundió un comunicado que por lo bajo la comunidad científica consultada por este medio calificó de "bochornoso".
En la previa del tratamiento legislativo, San Jorge recibió múltiples dictámenes científicos en contra
En el mismo aseguraron que el organismo científico "no está en contra de ninguna actividad productiva que contribuya al desarrollo de la región. La institución genera y moviliza conocimientos científicos para contribuir a actividades económicas que sean compatibles con la sostenibilidad ambiental y social, garantizando el resguardo de los recursos naturales y el bienestar de las comunidades".
Sigue: "Las comunicaciones emitidas por el CONICET Mendoza no responden a opiniones personales ni políticas, sino que se circunscriben a evidencia científica y técnica disponible y datos comprobables".
"Como prueba concreta de esta postura constructiva y de colaboración técnica, cabe recordar que el CONICET Mendoza firmó el informe elaborado por la CEIAM (Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera), validando de este modo los procesos de evaluación que se ajustan a la normativa, y señalando aquellos aspectos que debían profundizarse a futuro", agrega el organismo.
Y cierra: "El CONICET Mendoza reafirma su vocación de servicio, poniendo a disposición de la sociedad y del Estado sus capacidades científicas para aportar claridad, conocimiento y soluciones a los desafíos del desarrollo provincial, regional y nacional".
Este es el lapidario documento original completo rescatado de la censura:
El CONICET Mendoza es una institución pública dedicada a la producción de conocimiento
científico-tecnológico. En su interior existen numerosos institutos y equipos que desarrollan su
trabajo alrededor de una diversidad de líneas de investigación científica, la mayoría
interdisciplinarias. Los hallazgos y resultados de estas investigaciones contribuyen al debate
público, poniendo a consideración las condiciones sobre las que pueden o no llevarse a cabo
proyectos productivos como el que propone PSJ Cobre Mendocino, analizando los impactos y los
riesgos que conllevan, previstos y no previstos.
A lo largo del proceso de evaluación de impacto ambiental de PSJ Cobre Mendocino hemos
participado como comunidad científica en diferentes instancias a las que fuimos convocados. En los
últimos días observamos que avanza el trámite administrativo para otorgar la Declaración de
Impacto Ambiental del proyecto, sin que la empresa haya respondido sustantivamente a las
objeciones y sugerencias vertidas en el dictamen técnico y en la mayoría de los informes sectoriales
presentados, tales como el Dictamen Técnico de la Fundación Universidad Nacional de Cuyo
(FUNC); el informe sectorial del Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA),
el del Departamento General de Irrigación (DGI), o el Informe de la Facultad de Ciencias Médicas
(solicitado por el Rectorado de la UNCUYO sobre riesgos de la salud), por citar algunos. Muchas de
esas objeciones constituyen requerimientos y exigencias importantes consideradas prioritarias para
la habilitación de un proyecto como PSJ Cobre Mendocino.
Por tal motivo, hacemos pública una serie de observaciones para que sean contempladas por el
conjunto de la sociedad mendocina y consideradas en las siguientes etapas del proyecto. De esta
manera cumplimos con la Ley 25.188 de “Ética en el Ejercicio de la Función Pública” que nos alcanza
como trabajadores/as del Estado Nacional, la cual establece que:
(debemos) “Velar en todos (nuestros) actos por los intereses del Estado, orientados a la satisfacción del
bienestar general, privilegiando de esa manera el interés público sobre el particular“ (Art. 2° c).
Ese interés público está plasmado no sólo en la normativa nacional, sino también en tratados
internacionales.
A continuación delineamos de manera sintética consideraciones organizadas en distintas secciones
temáticas:
I. Impacto en el recurso hídrico
La mayoría de los estudios de aforos del arroyo El Tigre fueron realizados antes del inicio de la
megasequía que afecta a los Andes centrales desde 2010. Por lo tanto, dichos estudios no
representan adecuadamente las condiciones reales de sequía observadas entre 2010 y 2022,
período considerado análogo a los escenarios de cambio climático proyectados.
Los valores registrados son inferiores al caudal declarado por la empresa como demanda para sus
actividades productivas (141 L/s), siendo superado únicamente durante el período estival. Esto
implica que el aprovechamiento propuesto requeriría la utilización prácticamente total del caudal del
arroyo, resultando insuficiente para cubrir la demanda proyectada y comprometiendo, además, la
disponibilidad de un caudal ecológico mínimo para el mantenimiento del ecosistema asociado.
Sobre la modelación y riesgo de contaminación del agua subterránea los trabajos realizados por las
consultoras para caracterizar el clima y la hidrología de la zona son precarios, con pocos datos, con
errores en la interpretación del régimen hidrológico de la región y en los supuestos planteados para
derivar resultados de balances hídricos e impactos de la infiltración del sector de depósito de las
colas No hay información suficiente para argumentar la desconexión entre las cuencas de Yalguaraz y
Uspallata; y existe un potencial riesgo de contaminación de las aguas subterráneas que recargan
basalmente al arroyo Uspallata, generando un problema que incumbe a toda la cuenca del río
Mendoza.
II. Impacto sobre la biodiversidad
En términos generales la información utilizada en el IIA presentado resulta insuficiente,
desactualizada y, en algunos casos, incorrecta. La evaluación de los impactos potenciales del
proyecto no es posible sin una línea de base apropiada, que presente información específica y
actualizada para la escala local. Por lo tanto, se recomienda enriquecer el IIA con una mayor
cantidad y calidad de información secundaria, que incluya datos actualizados, complementada a su
vez con información primaria.
Con respecto a la Flora, las medidas del plan de manejo son insuficientes al carecer de acciones
concretas para la protección, la restauración y la compensación de especies endémicas. Además, se
recomienda gestionar las vegas de forma independiente a otras comunidades vegetales debido a su
fragilidad y su gran relevancia hidrológica como ecosistemas clave de alta montaña. Para
protegerlas, se sugiere realizar una delimitación precisa y una caracterización detallada de sus
atributos estructurales y funcionales. En relación con los mapas de vegetación, se requiere
cartografía más detallada.
En cuanto a la Fauna, se observa que la información sobre las técnicas de muestreo es, en algunos
casos, incompleta o confusa. Asimismo, existen discordancias entre la fauna citada en el PSJ y la
distribución real de algunas especies, la cual no coincide con la ubicación del proyecto. Al respecto,
se sugiere consultar bibliografía actualizada y específica de los grupos de vertebrados incluidos en
el IIA y describir con mayor detalle la metodología empleada.
Se sugiere el monitoreo periódico de la flora y fauna de la Ciénaga de Yalguaraz, tanto acuática
como riparia. Dentro de la fauna se sugiere incorporar a los artrópodos tanto en este sitio como en
los otros sitios de muestreo. Este grupo de animales constituyen una herramienta útil y sensible
para los estudios de impacto ambiental.
En cuanto a los monitoreos se observa que deben ser más específicos en cuanto a duración,
frecuencia e indicadores seleccionados para cada caso. Asimismo, deben estar de acuerdo a las
acciones contempladas en los planes de manejo.
III. Impacto socioeconómico y patrimonial
Los datos de estructura y dinámica de la población en términos cuantitativos están desactualizados
(datan de más de 15 años) y restringidos a la localidad de Uspallata, lo cual es limitado por la
ubicación del proyecto próximo al corredor binacional. Sobre los datos cualitativos de la población,
no hay descripción de los criterios de selección y descripción de las técnicas para producirlos.
En términos económicos el proyecto no determina fehacientemente la incidencia del proyecto en las
distintas etapas, sobre todo en relación con los impactos múltiples detectados. La creación de
empleo se ve acotada por el perfil de la población de la región (siempre sobre la base de datos
disponibles). No se cuenta con información fehaciente del impacto en el resto de las actividades
económicas preexistentes.
Con respecto a la disponibilidad de infraestructura y servicios, no hay datos fundados sobre la
incidencia del emprendimiento en las condiciones generales de vida de la población, en términos de
disponibilidad de vivienda y habitabilidad, la provisión eléctrica, tampoco en referencia al aumento de
flujo vehicular, impactos en la salud y otros asociados a problemas sociales que se desprenden del
desbalance de población masculina.
El valle de Uspallata posee una historia que se remonta a unos 8000 años y concentra un
patrimonio arqueológico e histórico excepcional. Entre sus sitios más relevantes se encuentran los
vinculados al período incaico —como el tramo del Camino del Inca y la Ciénaga de Yalguaraz— que
forman parte del Qhapaq Ñan, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2014 como
Itinerario Cultural Transnacional. En este contexto, cualquier intervención debe ajustarse
estrictamente a la normativa provincial, nacional e internacional. Actualmente se está finalizando el
Estudio de Impacto Arqueológico (EIArq), actualización solicitada en el Informe Técnico Sectorial por
la Dirección de Patrimonio Cultural y Museos.
La explotación minera proyectada en esta área afectaría de manera directa bienes arqueológicos no
renovables, incluyendo los registros más antiguos de ocupación humana en la región y segmentos
del Qhapaq Ñan. Esto implicaría no sólo la posible destrucción de estructuras y vestigios materiales,
sino también la alteración de paisajes culturales y cuencas visuales indispensables para la
interpretación y preservación del patrimonio. El deterioro de estos valores podría comprometer
incluso la integridad de un bien declarado Patrimonio Mundial, cuya protección constituye una
obligación legal y ética del Estado.
Además, los impactos previstos alcanzan de forma directa a las comunidades originarias Huarpe,
para quienes estos territorios poseen profundo significado cultural, espiritual e identitario. La
afectación de sitios ancestrales vulnera sus derechos colectivos y su vínculo histórico con el
territorio, y contraviene principios como la consulta previa, libre e informada. En conjunto, estos
riesgos evidencian la necesidad de adoptar medidas rigurosas de protección y gestión del
patrimonio antes de avanzar con cualquier actividad extractiva en la zona.
Impacto sobre el suelo
El informe para PSJ tiene cumplimiento parcial de los diversos requerimientos legales del Informe
de Impacto Ambiental (IIA). Utiliza en su mayor parte un informe previo (Vector, 2006) con escasos
aportes nuevos.
En relación al informe de PSJ sobre la acidificación del suelo, En PSJ las mediciones actuales
determinan que en sondeos aproximadamente un tercio (33%) de muestras es “potencialmente
formador de ácido (riesgo bajo a medio)” o “incierto”. Muestras de suelos fueron clasificadas como
“no formadoras de ácido”. La cantidad de muestras de suelo es insuficiente (solo 4) y parcial (solo
superficial). La cantidad total (afloramientos, suelo y sondeos) de muestras ha sido considerada
insuficiente (dictamen UNC) para evaluar DAM (Drenaje Ácido Minero).
Conclusiones
Se identificaron importantes deficiencias en el Informe de Impacto Ambiental del proyecto PSJ
Cobre Mendocino. La falta de datos actualizados, de líneas de base completas y de estudios
adecuados sobre agua, biodiversidad, patrimonio arqueológico y aspectos sociales impide una
evaluación confiable de los impactos que el emprendimiento podría generar en la cuenca del río Mendoza.
Dado que estos vacíos de información limitan la toma de decisiones responsables y pueden
comprometer recursos naturales, culturales y comunitarios de alto valor, se considera necesario que
las autoridades soliciten la revisión y ampliación del estudio antes de continuar con el proceso
administrativo. Solo una evaluación completa y rigurosa permitirá resguardar el interés público y
garantizar la protección del ambiente y del patrimonio de la provincia.
