La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, por el voto conjunto de los jueces Pedro R. David y Alejandro W. Slokar, en razón del recurso interpuesto por el fiscal general Dante Vega, anuló la resolución de la Cámara Federal de Mendoza que había modificado la calificación legal del hecho que se le atribuyó a Carlos Martín Pereyra González y había revocado su prisión preventiva.
El máximo tribunal penal sostuvo que resulta arbitraria la resolución de la Cámara que descartó la calificación atribuida al nombrado en el auto de procesamiento y enmarcó tales hechos en la figura de incumplimiento de funcionario público.
Pereyra González fue hace treinta años secretario del juez federal puntano Eduardo Allende. En 1987 el ex policía Jorge Velázquez declaró que el joven magistrado presenció en 1976 en Jefatura de Policía el interrogatorio bajo torturas a Graciela Fiochetti.
Durante el juicio de lesa humanidad en San Luis, el abogado Carlos Samper contó que fue a tribunales tras el secuestro de Fiochetti y que el secretario le confesó: “Asistí a un espectáculo terrible que nunca quisiera volver a ver. He visto a esta chica torturada, por suerte parece que la van a poner en libertad”. Dos días después apareció el cadáver, quemado y con las falanges cortadas. A partir de hábeas corpus a favor de desaparecidos, Allende y su secretario solicitaron y recibieron el sumario militar inventado para adjudicar a Montoneros la muerte de Fiochetti y del “NN masculino” junto al cual la ejecutaron. Pese a que los secuestrados seguían en el limbo, los magistrados no ordenaron exhumar el “NN” y devolvieron el sumario en silencio.
Los jueces que decidieron enviar a prisión nuevamente a Pereyra González argumentaron que el cambiod e calificación del delito derivó en la libertad del imputado, “en claro detrimento al compromiso asumido por el Estado Argentino de ‘garantizar el juzgamiento de todos los hechos de esas características, de acuerdo al derecho internacional vinculante para nuestro país’”.
El imputado Pereyra González había sido procesado por el juez federal como partícipe primario de la privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos agravados por la condición de perseguida política de la víctima y homicidio agravado, cometidos en perjuicio de Graciela Fiochetti.
En esta causa también se encuentran imputados Eduardo Allende e Hipólito Saá, quienes desempeñaban el cargo de Juez Federal y Fiscal Federal -respectivamente- durante la última dictadura militar y fueron procesados por los numerosos homicidios y privaciones ilegítimas de la libertad cometidos en la provincia de San Luis durante el último régimen de facto instaurado en Argentina.
Fuente: CIJ/Juiciosmendoza.blogspot.com
