Ante la avanzada del ministro de Salud, Matías Roby, sobre los trabajadores de un centro de salud -a quien amenazó con "cortar la cabeza" tras hacerles una visita sorpresa- el gremio que agrupa a los profesionales del área, AMPROS, agitó denuncias contra el funcionario y solicitó ante Fiscalía de Estado que se fije una audiencia a fin de investigar "al ministro y sus colaboradores, analizando los expedientes de referencia a fin de proteger los intereses de todos los mendocinos".
Roby se puso en campaña con amenazas a los trabajadores de su cartera aprovechando que en Mendoza los efectores públicos de salud han sumado voces en contra de los usuarios, como en el Gran Buenos Aires lo han conseguido los ferrocarriles. Se posicionó rápidamente en todos los medios al ritmo de sus señalamientos a los empleados del sector, culpándolos de todo tipo de falencias del sistema de salud pública desde un mal servicio de la entrega de leche a la demora en el reclamo por la falta de internet en uno de los centros de salud.
El funcionario dijo por radio Andina que le iba a "cortar la cabeza" a los profesionales de su cartera que se desempeñan en un centro de salud. Sin reparar en que su Ministerio lleva más de un lustro sin completar un año con el presupuesto que se le asigna, ni en ningún aspecto negativo de la política sanitaria, Roby le tiró todo la culpa a los trabajadores dependientes de su cartera.
La respuesta de AMProS y ATE fue la difusión de un comunicado donde solicitaron a Fiscalía de Estado que se lo investigue "por incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación al Estado y mala praxis profesional. El pedido responde a denuncias realizadas previas a la asunción de Roby como titular de la cartera".
"Como muchos conocen, el único antecedente de Matías Roby en la función pública fue en la Secretaría de Deportes durante la gestión del gobernador Celso Jaque. En esa oportunidad, el actual ministro de salud fue denunciado por la propia titular de la entonces Secretaría de Deportes, Licenciada Beatriz Barbera, por no asistir a su lugar de trabajo desde el año 2008 al año 2010, aún cobrando su sueldo, advirtiendo la presunta comisión del delito tipificado como incumplimiento de los deberes de funcionario público y de defraudación al Estado. Esto originó que el caso se remitiera a la Fiscalía de Delitos Complejos, desde donde le niegan a los gremios el acceso a los expedientes", remarcaron los gremialistas.
