Otilio Romano tuvo este lunes su quinta jornada de ampliación indagatoria y este martes le pasará la posta a otro ex juex sentado en el banquillo de los acusados: Luis Miret. El ex juez y ex prófugo de la justicia insistió en que su forma de actuar -se o acusa de omisión de justicia, complicidad en homicidios, vejaciones y en privaciones ilegítimas de la libertad- se ajustaron a las normas "de la época", en alusión a los años de la última dictadura militar.
La indagatoria a Romano comenzó el 22 de setiembre, y este lunes respondió las preguntas de los integrantes del Ministerio Público Fiscal y la querella.
Entre las preguntas realizadas por el fiscal Dante Vega, representante del Ministerio Público Fiscal, se solicitó al imputado precisar sobre el rol del Poder Judicial y su competencia ante las denuncias por apremios ilegales. Ante esto, Romano aseguró que no se declararon incompetentes “porque no teníamos la seguridad de comprobar los delitos”. Y agregó: “nadie sabía quiénes eran los que actuaban (… ) uno confiaba en la policía porque la policía de Mendoza era muy eficiente”.
Por su parte, el Daniel Rodríguez Infante indagó al imputado sobre los delitos no investigados cometidos por las fuerzas armadas. Sobre este aspecto, Romano se desligó de responsabilidades: “No teníamos jurisdicción para hacerlo. Si la hubiéramos tenido, lo hubiéramos hecho”.
La indagatoria, que realizaron los representantes del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos (MEDH) encabezados por el abogado Pablo Salinas, se centró en los fallos realizados por el exjuez en casos donde declaró su competencia ante la autoridad federal. En este sentido, Salinas fundó su interrogación refiriendo distintos casos de desaparición de personas, como el de Virginia Adela Suárez, secuestrada el 15 de mayo de 1976. Sobre esto Romano arguyó que el informe presentado por la policía de entonces no aportó más datos para investigar y que la competencia solicitada “fue transitoria”.
Indagado por los casos en los que el exmagistrado actuó con criterios disímiles, aseguró en diferentes oportunidades que “no había elementos porque el propio aparato represor, que era el ejército, no iba a dejar elementos a la policía para que se pudiera investigar”. No obstante, al ser consultado por las numerosas denuncias sobre detenciones ilegales, allanamientos y robo de pertenencia en donde se había identificado al personal policial interviniente, Romano evadió la pregunta argumentando que él no se podía hacer un identikit de cada uno de los 6.000 policías que habían entonces en la provincia .
También evasivas fueron sus razones para responder sobre los imputados identificados en el D2. “Sólo me notifican que iban a pasar los informes a las otras comisarias y nunca más volvían”, dijo al respecto.
Romano argumentó que la orden que libró para recluir a Luz Faingold en un hogar de menores, “se basó en los cánones morales y costumbres de la época”. Faingol, menor de edad en aquel momento, había permanecido detenida ilegalmente.
Más tarde, el exjuez se remitió a la jurisprudencia de la época para justificar no haber investigado numerosas denuncias por violaciones sexuales. “No quiero contestarle esas preguntas, por ser caballero no más”, se excusó.
Romano le pasará este martes la posta a Luis Miret, ex colega en los tribunales y compañero en el banquillo de los acusados, sobre quien este fin de semana dijo el ex juez: “Me hubiera gustado que me juzgaran Miret, Carrizo, Petra o Guzzo, ahora no tengo muchas esperanzas”.
Fuente: Ministerio de Desarrollo Social
