Desde el lunes próximo se retoman en Mendoza los dos juicios por delitos de lesa humanidad que se agrupan en dos megacausas: una tiene sentados en el banquillo a ex jueces -OtilioRomano, Luis Miret, Max Petra y Rolando Carrizo- y otros funcionarios judiciales y militares, y el otro que se desarrolla en San Rafael, acusa a 26 ex policías y militares por crímenes antes y durante el Golpe de Estado.
Esta semana las defensas de los acusados ofrecieron pruebas en relación a la acusación ampliada presentada antes de la feria y se espera que algunos de ellos pidan volver a declarar, según adelantó Patricia Santoni integra la Unidad Fiscal para delitos de lesa humanidad que participa y colabora en los juicios de Mendoza, San Juan y San Luis a Radio Nacional.
"En el caso de que ninguno de los acusados quiera ampliar la declaración se seguirá con los testimonios ofrecidos por la fiscalía. A la fiscalía le deben quedar unos 20 testigos, y dependiendo de eso más o menos podemos hablar de un mes o dos meses" para la resolución del juicio, agregó Santoni.
Acerca de la recusación contra el juez Juan Antonio González Macías, cuya continuidad deben resolver los otros integrantes del Tribunal y la jueza de San Luis Gretel Diamante, asignada por la Cámara Federal de Casación Penal, señaló que “no va a prosperar de ninguna manera porque se reeditaron causales que ya habían sido tratadas con anterioridad y también en Casación, tampoco va a incidir en el desarrollo normal del juicio”.
La ampliación de las acusaciones contra Romano, Miret y compañía incluye privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos, robos, encubrimientos, asociación ilícita, homicidios y delitos sexuales a todos los acusados.
En la otra megacausa sustanciada en el Sur por lesa humanidad ya declararon más de 200 testigos en jornadas completas con un ritmo de dos y tres audiencia por semana, “con lo cual esperamos que en agosto o setiembre ya esté finalizado”, indicó la abogada por la querella, Mariela Herrera, a EXPLÍCITO.
En San Rafael se analiza en este proceso los casos de 72 víctimas, catorce de las cuales permanecen desaparecidas. La mayoría de los secuestros ocurrieron en 1976 y varios antes del golpe Estado. La acusación muestra el aceitado vínculo militar-policial para la represión ilegal.
