La mendocina Romina Ronda, hasta hace poco funcionaria del gobierno de Francisco Pérez, fue designada por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, al frente del organismo que tomará a su cargo la logística de las escuchas telefónicas que hasta ahora controlaba la Secretaría de Inteligencia. Ronda asumió como subsecretaria de Justicia del Gobierno de Mendoza en enero de 2012, con 29 años y una trayectoria ligada a la defensa de los Derechos Humanos. Dejó la gestión provincial en noviembre de 2014 para responder a la convocatoria de Gils Carbó para integrar la Procuración.
La abogada mendocina acaba de ser designada para un cargo que no tenía en sus planes cuando dejó el gobierno provincial para ir a la Procuración. La muerte de Alberto Nisman precipitó la caída de la estructura de la Secretaría de Inteligencia y Ronda fue elegida para conducir el traspaso del sistema de escuchas telefónicas a la órbita de la Procuración.
Como parte de ese proceso, Gils Carbó dispuso crear el Equipo de Diagnóstico e Implementación para la Transferencia de la Dirección de Observaciones Judiciales (DOJ) para que supervise el traspaso.
Ese nuevo equipo tendrá una comisión asesora que estará integrada por el director de la Escuela Nacional de Inteligencia, Marcelo Saín; el ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos AiresLéon Arslanián; el especialista en derecho procesal y reforma judicial Alberto Binder y el titular de la Oficina de Enlace Legislativo de la Procuración, Félix Crous, quienes se reunieron por primera vez este martes con Romina Ronda. Del encuentro también participó la propia Gils Carbó.
La creación del equipo y la comisión fue oficializada por la jefa de los fiscales el martes a través de la resolución 838/2015. En ese texto, señaló que la "premisa fundamental" del organismo será lograr una "gestión eficiente, transparente y que resguarde derechos y garantías".
En el encuentro, "se acordó la realización de un diagnóstico exhaustivo del estado actual de la DOJ, el análisis de las posibilidades de implementar mejoras tecnológicas para satisfacer la demanda judicial proveniente de todo el país y la elaboración de un primer conjunto de protocolos que brinden transparencia y eficacia al trabajo del organismo", según informó el sitio web oficial www.fiscales.gob.ar.
La resolución de Gils Carbó encomendó al equipo realizar un "análisis patrimonial, de estructura y de equipamiento" de la Dirección de Observaciones Judiciales en el plazo previsto por la ley para el traspaso. Además, el equipo deberá asegurar "el relevamiento de circuitos y protocolos vigentes"; confeccionar y poner en marcha de "un plan de seguridad de la sede y de la información de la DOJ" y establecer las "articulaciones necesarias con la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), los Ministerios de Seguridad, Justicia, poderes judiciales tanto nacional como federal y los de las provincias, así como también los Ministerios Públicos provinciales, las empresas prestatarias de servicios de comunicaciones y toda otra institución pública o privada que pueda concurrir al adecuado desarrollo de sus funciones".
