Soto, intendente de Tupungato

"Se enojaron por la reforma de la 7722 y quizás el petróleo y la minería nos salven la vida"

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Gustavo Soto, intendente de Tupungato.

"Mire lo que son las paradojas de la vida ¿no? tanta gente que se enojó y no comprendió al gobernador con la reforma de la 7722 y termine siendo el petróleo y la minería lo que nos salven la vida, primero, porque las máscaras faciales se hacen de plástico que es un derivado del petróleo, y muchos de los elementos que hoy usamos provienen de esa fuente, y quizás terminen salvándonos la vida y sacándonos de la miseria. Hay muchas cosas que nos va a dejar el coronavirus".

El textual es textual. Y es del intendente de Tupungato, Gustavo Soto (Cambia Mendoza), quien comanda uno de los departamentos de más potente resistencia ambientalista y defensa del agua.

Entrevistado por radio Nihuil sobre la pandemia, la cuarentena y cómo están las arcas municipales, el mandatario postuló esa reflexión, que le valió el repudio de vecinos y asambleístas, que salieron a responder sus dichos de alabanza al plástico, el petróleo y la minería.

Entre otros, repudiaron al intendente los asambleístas de Tupungato por el agua pura: "NO, Soto no! La idea es NO generar más basura. Debemos evitar las pandemias, queremos un mundo sano", refutaron. Se plegaron al repudio las Asambleas por el Agua Pura de Mendoza.

El fracking, otra batalla vecinal

En su batalla por el agua pura, los tupungatinos pelean para que la Corte declare constitucional la ordenanza que declara a Tupungato libre de fracking, en la que el rol de Soto ha sido ambivalente en los últimos años.

En mayo del 2013, el Concejo Deliberante de Tupungato votó por unanimidad que su territorio permanezca libre de fracking, siguiendo el camino de otros municipios ambientalistas como San Carlos y Alvear. La ordenanza prohíbe en el departamento la actividad de exploración y explotación de gas y petróleo de yacimientos no convencionales bajo la técnica de fractura hidráulica.

Por presión vecinal y de las asambleas por el agua, el municipio publicó, recién el 27 de agosto del 2019, la ordenanza en el Boletín Oficial. Para llegar a ese punto, las asambleas transitaron un laberinto de reuniones, papelerío traspapelado, respuestas a medias e indefiniciones.

No pasó ni un mes y la Fiscalía de Estado denunció a la ordenanza en la Suprema Corte. Mientras la causa transita los tribunales, los empresarios avanzan con la extracción sin esperar los tiempos de la legalidad. Es una instancia en la que ganan tiempo, como ocurre con la demora en la resolución de la denuncia de Oikos contra el decreto 248 de Cornejo.

Esta es la historia de las idas y vueltas de la ordenanza y la persistente batalla de vecinos y ambientalistas tupungatinos:

Tupungato sale a las calles para que la Suprema Corte frene el fracking

 

 

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