El ex secretario de Transporte del gobierno de Néstor Kirchner, Ricardo Jaime, se entregó a las 9.30 en dependencias que la Policía Federal posee en el barrio Alta Córdoba, donde quedará alojado en carácter de detenido a la espera de directivas del juzgado que entiende en la causa por la compra de material rodante para el ferrocarril Belgrano Cargas.
Jaime llegó al edificio de Yrigoyen y Derqui en soledad y a bordo de un taxi, ingresando por una puerta lateral y evitando, así, la presencia de los cronistas que lo aguardaban.
Ahora se esperan las directivas del juez federal Julián Erconlini, quien ordenó hoy detener al ex secretario de Transporte de la Nación y a su ex asesor Manuel Vázquez para ser indagados en una causa que investiga delitos en la compra de material rodante para el ferrocarril Belgrano Cargas.
Ercolini firmó las órdenes de detención para indagar a ambos el lunes próximo en los tribunales federales de Retiro y luego definirá si los excarcela o siguen detenidos.
Jaime justificó la compra de trenes
El ex secretario de Transporte manifestó que la operación de compra de material ferroviario por la que el juez Julián Ercolini ordenó su detención "fue una compra en el marco de una decisión que tomó el estado nacional con el español", al desvincularse de las irregularidades que se investigan en la causa.
Antes de su entrega en la delegación de la Policía Federal en Córdoba, provincia donde reside, Jaime remarcó que la compra efectuada en 2005 "fue un convenio firmado de país a país" y que la diferencia fue que "en vez de arreglar el material en España, se acordó hacerlo en el país porque salía más barato".
"Nunca voy a eludir lo que disponga la Justicia y me voy a poner a su disposición", aseguró el ex funcionario de Transporte durante 2003 y 2009 en diálogo telefónico con A24, antes de su entrega efectivizada en la mañana de este sábado.
Sobre el estado de los trenes, afirmó que "hace siete años que no estoy al frente de la Secretaría de Transporte" y que no le corresponde "hacer ninguna evaluación".
Sobre la decisión judicial, cuestionó la orden de detención por considerarla "innecesaria" ya que "ni siquiera" fue indagado en la causa.
"Que los abogados hagan las presentaciones que tengan que hacer", sostuvo Jaime.
De qué lo acusan
La causa penal en la que se ordenó detener al ex secretario de Transporte del kirchnerismo investiga la compra de material ferroviario a España y Portugal por montos que se consideraron de una "desproporción exorbitante" en relación a la calidad de lo adquirido, que -en muchos casos- ni siquiera sirvió para ser utilizado como repuestos.
"Los fondos abonados por el material rodante adquirido eran de desproporción exorbitante en relación a su calidad y funcionalidad real", advirtió el juez Julián Ercolini en la resolución en la que dispuso detener a Jaime y a su ex asesor, el español Manuel Vázquez.
Y en virtud de ello consideró que lo ocurrido "hace presumir que grandes sumas de dinero fueron sustraídas de la esfera de la Administración Pública por los funcionarios a quienes fueron confiadas y que justamente debían proteger el patrimonio estatal".
Ercolini aludió al perjuicio económico ocasionado al Estado porque las compras hechas, en su mayoría vagones destinados al ferrocarril Belgrano Cargas que nunca se utilizaron, "no sirvieron ni siquiera como repuestos".
El objetivo del plan en el marco del cual se hicieron las adquisiciones era modernizar la flota ferroviaria, algo que no se cumplió.
Jaime era titular de la Secretaría de Transporte de la Nación y fue quien firmó los contrato como parte de convenios internacionales en el llamado "Plan Nacional de Reorganización, Recuperación y Modernización del Ferrocarril Nacional" y él fue quien ordenó los pagos.
Esos contratos se firmaron con las empresas españolas Renfe y Feve por 76.313.108.85 euros (cambio en pesos 306.108.878,86 para aquella fecha) y con la portuguesa Caminhos de Ferro Portugueses por un total de euros 25.639.896 (99.976.197,74 pesos).
En la investigación se determinó que Vázquez, quien figuró como asesor ad honorem de Jaime en su gestión, estaba vinculado a Caesa y "obtuvo beneficios para sí y para terceros" en la firma de contratos.
"Las facturas incorporadas en el trámite del expediente verifican las altas comisiones cobradas en concepto de honorarios por la empresa CAESA -que fue designada por la Secretaría de Transporte para la prestación de servicios de asistencia técnica en relación al material ferroviario adquirido a España y Portugal-, dinero que cabe sospechar determinó la dirección de sus intervenciones en las conductas descriptas", concluyó el juez.
Uno de los que también fue citado a indagatoria fue Ignacio Soba Rojo, presidente de Caesa.
Otro de los citados, Juan Pablo Schiavi, participó de la última etapa de concreción de los acuerdos.
