Un mes y una semana, y tres días pasaron presos Mauricio Cornejo y Federico Soria, respectivamente. Hasta que la jueza Claudia Tula se declaró incompetente y resolvió dejarlos libres. Bajo fianza. En el caso de Cornejo pasó dos semanas en domiciliaria con una tobillera electrónica.
Ambos fueron denunciados por Edgardo Vera, presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata, por amenazas. Pero en todo este tiempo no presentó testigos ni pruebas. A diferencia de la defensa de ambos vecinos y asambleístas de Uspallata, a cargo de Ariel Civit y Alfredo Guevara, que derribaron la acusación del fiscal Juan Manuel Sánchez, cuyo accionar debería ser investigado, según un pedido de informes que ingresó en Diputados.
La jueza los liberó bajo fianza y con restricción de contacto de Vera y otras 20 personas. Además, deben dar aviso para salir de Mendoza o para ascender a montañas en el caso de Soria que practica andinismo.
Aunque en lo formal Tula envió el expediente a la Justicia Federal, que puede aceptarla o girarla a la Corte Suprema de la Nación, esto quiere decir que "la causa se cayó", como resumió Alfredo Guevara, abogado de Soria.
Soria y Cornejo agradecieron tras su salida del calabozo las constantes y numerosas muestras de solidaridad de sus vecinos y de militantes de asambleas de toda la provincia que en días laborales y horarios inconvenientes se manifestaron en el Polo Judicial y en las calles de Mendoza.
"Sigamos luchando, no le tengamos miedo al gobierno, sus instituciones y sus grupos paraestatales violentos. Sigamos luchando por el área natural protegida Uspallata-Polvaredas, digamos no a San Jorge", remarcó Soria.
Guevara escribió un comunicado ratificando que la causa contra ambos se inscribe en el marco de la persecución de la protesta que arrecia en Mendoza.
Este es el escrito:
La Justicia reconoce la incompetencia y ordena la libertad de los militantes de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata
En un fallo histórico, la Jueza Claudia Tula se declaró incompetente en la causa contra Federico Soria y Mauricio Cornejo, ordenando su inmediata liberación y remitiendo el caso a la Justicia Federal.
Esta decisión confirma lo que desde un principio denunciamos: la persecución política y judicial por parte del gobierno de Alfredo Cornejo contra los defensores del agua, la tierra y la vida en Uspallata.
Los militantes de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata son criminalizados por oponerse al avasallamiento de los derechos ambientales y comunitarios, en el marco de la pretensión de instalar un emprendimiento de mega minería en la cuenca del Río Mendoza.
Esta persecución ilegítima busca silenciar la lucha legítima y pacífica de un pueblo que defiende sus recursos naturales y su futuro.
Sin embargo, hoy la Justicia ha dado un paso importante al reconocer que este caso excede su competencia y debe ser tratado en el ámbito federal, donde esperamos que se investiguen no solo las irregularidades de este proceso, sino también los intereses económicos y políticos detrás de la criminalización de la protesta social.
Seguiremos denunciando esta persecución arbitraria.
