Cinco testigos ofrecidos por la defensa de los imputados por delitos de lesa humanidad ofrecieron testimonio en la audiencia desarrollada este lunes en el IV Megajuicio. Los abogados defensores de los exmagistrados Otilio Roque Romano y Luis Francisco Miret ofrecieron los testimonios del fiscal de cámara Fernando Alfredo Guzzo y del abogado Héctor Ángel Benavides. Mientras que la defensa del exoficial Julio Héctor Lapaz, citó a Juan Carlos Benavides, Carlos Lucero y Susana Gómez.
En defensa de los exmagistrados
El testimonio ofrecido por el Fiscal Fernando Alfredo Guzzo se refirió sobre el ejercicio desarrollado por su padre, Gabriel Guzzo – separado del juicio oral por razones de salud- quien para el ’76, se desempeñaba como juez federal en Mendoza.
En este sentido, el testigo aludió a diversas amenazas recibidas por su padre en el ejercicio de sus funciones. “Las amenazas eran frecuentes pero no puedo precisar de dónde provenían”, expresó y posteriormente vinculó misivas membretadas por el Poder Ejecutivo Nacional con grupos de jóvenes oficiales organizados en el interior de las fuerzas del ejército.
Tras confirmar el planteo de la defensa sobre si tales amenazas impactaron en la salud de su padre, el testigo expresó: “Sin dudas, además esto le generaba preocupación por sus hijos, pero siempre decía que no podía dejarse doblegar”.
En cuanto a los vínculos de Guzzo con los exmagistrados Romano y Miret, el testigo expresó que su padre “no era afín a generar amistades en el ámbito laboral”; Aseguró que “jamás tuvo vínculo de amistad con ellos” y que “tenía diferencias a nivel la laboral con Romano”.
Luego declaró el abogado Héctor Ángel Benelvas, cuyo testimonio circundó sobre un juicio realizado en 1976 donde ejerciera la defensa del entonces embajador argentino en el Vaticano, Antonio Cafiero. Sobre esta causa – vinculada a irregularidades en el caso de la Bodega Giol – Benelvas refirió el desempeño de los imputados en su calidad de juez subrogante (Miret) y fiscal (Romano) y detalló el contexto de aquella causa que mantuvo detenido a Cafiero durante ocho meses en Mendoza.
Sobre ese caso, el testigo expresó que “dada la relevancia política de su defendido y las amenazas que ponían en peligro su vida” solicitó su traslado desde la Penitenciaría a una habitación del primer piso de la Policía Provincial. El letrado expresó al Tribunal que “en la Penitenciaría había falta de garantía sobre la vida de Cafiero por una razón de carácter político y por ser figura presidenciable”.
Por la cantidad de imputados y la trascendencia periodística del caso, el testigo expresó que el tribunal de entonces “estuvo abocado a la causa”, y que su defendido obtuvo el sobreseimiento definitivo para quedar a disposición del PEN en una dependencia militar de Buenos Aires.
“Felizmente en la Justicia Federal he tenido suerte… siempre he tenido sobreseimientos sin afectar organismos del Estado, por eso digo que he visto la imparcialidad de la Justicia de Mendoza”, expresó Benelvas y declaró conocer que “el tercer cuerpo del Ejército quería mantener a los detenidos con el estado de sitio privados de la libertad” pero sobre este aspecto aseguró desconocer otras causas en los que interviniera la justicia.
Posteriormente, la defensa del ex agente de la policía provincial, Julio Héctor Lapaz, citó como testigos a Juan Carlos Benavides, Carlos Lucero y Susana Beatriz Gómez.
La defensa indagó a los testigos sobre un incidente – declarado en testimonios anteriores- en el cual Lapaz fuera identificado como uno de los exoficiales que abusó sexualmente a una de las mujeres detenidas durante la última dictadura cívico militar. En este sentido, Benavides desconoció aquel hecho limitando su declaración a relatar sobre su vínculo con el imputado. “Yo trabajo para una empresa de transporte de colectivos desde 1977. Lapaz era pasajero mío… iba a la empresa como custodio”.
Tampoco aportó datos sobre aquel incidente, el testigo Carlos Lucero – comisario mayor jubilado de la Policía de Mendoza y actual jefe de la Planta Verificadora de Mendoza- quien conoció a Lapaz en los `90 cuando éste ingresó a trabajar en la planta verificadora de la provincia.
Diferente fue el caso de Susana Beatriz Gómez. La testigo precisó el vínculo con el imputado al ofrecer datos cronológicos. En este sentido dijo que para el año 1975, Lapaz mantuvo un breve noviazgo con su hermana Graciela; Veinte años después, por intermedio de éste ingresó a trabajar a la Planta Verificadora Provincial como encargada de limpieza; En el año 2004, por medio de su otra hermana, Rosa Gómez – detenida ilegalmente en 1976– tomó conocimiento de que Lapaz fue uno de los oficiales que abusó sexualmente de ella cuando se encontraba en cautiverio en el D2.
Sobre este incidente, la testigo relató que cómo fue que Rosa identificó a Lapaz al ir a verificar su auto; fue entonces cuando la testigo supo lo padecido por su hermana. “Mi hermana vino y me dijo: vos estas trabajando con una persona que me hizo mucho mal” y finalizó: “Mi hermana lo reconoció como uno de sus violadores”.
Tras esta declaración, la etapa testimonial de la defensa continúa este martes 11 de agosto en el primer piso del Tribunal Oral Federal en lo Criminal Nº1.
Fuente: Ministerio de Desarrollo Social
