La Justicia provincial de Mendoza sobreseyó esta semana a Nélida Rojas, referente de la organización social Tupac Amaru, junto a 22 integrantes de su círculo más cercano, en la causa que investigaba un presunto fraude millonario al Estado en la construcción de viviendas sociales. La jueza Eleonora Arenas resolvió el cierre del expediente por prescripción, tras el pedido del fiscal Juan Ticheli, quien reconoció que habían transcurrido los seis años máximos de pena sin avances judiciales.
La causa contra la Tupac es emblemática de la persecución selectiva de Cornejo durante su primer mandato
El Ministerio Público Fiscal se apresuró a aclarar que “la prescripción no implica que no haya existido el delito”, mientras que la defensa de Rojas, encabezada por Alfredo Guevara, celebró el fallo pero denunció que se trató de una estrategia para evitar admitir la inexistencia de pruebas.
“No tenían manera de llevar a juicio esto. Dejaron que prescribiera”, afirmó Guevara, quien anticipó acciones por daños y perjuicios y recordó que el caso también se encuentra en instancias internacionales.
Ecos de una persecución iniciada en 2016
El sobreseimiento llega casi una década después del inicio de una ofensiva judicial que, según organizaciones de derechos humanos, tuvo un claro tinte político. En enero de 2016, la detención de Milagro Sala en Jujuy marcó el inicio de una avanzada contra referentes de la Tupac Amaru en todo el país. En Mendoza, la persecución contra Nélida Rojas se activó en paralelo, con múltiples imputaciones que fueron cayendo una a una.
Hace ocho años, Milagro Sala fue detenida por primera vez por participar de una protesta contra el gobierno de Jujuy.
Desde entonces se construyeron, una tras otra, distintas acusaciones para disciplinarla a ella y a la Tupac Amaru.
Hasta hoy sigue privada de su libertad. pic.twitter.com/brhGv3cA3Q
— CELS (@CELS_Argentina) January 16, 2024
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció que “se construyeron, una tras otra, distintas acusaciones para disciplinarla a ella y a la Tupac Amaru”. En 2017, Rojas fue detenida junto a su esposo, hijos, hermano, nuera y más de 25 presidentes de cooperativas, por orden de la fiscal Gabriela Chaves. Meses después, la Octava Cámara del Crimen consideró arbitrario el accionar fiscal y ordenó su liberación.
Imputaciones en tiempos electorales
La ofensiva judicial tuvo momentos clave. En 2019, a solo dos días de las PASO municipales, Chaves volvió a imputar a Rojas, al intendente de Lavalle Roberto Righi y al ex titular del IPV Omar Parisi por fraude en la construcción de viviendas. La acusación se basaba en convenios firmados también por intendentes radicales, como Alfredo Cornejo en Godoy Cruz, quien nunca fue investigado. Todos los acusados fueron finalmente sobreseídos.
Se cayeron las causas por "extinción de dominio" contra miembros de la Tupac Amaru
La defensa denunció que se trató de una maniobra direccionada para afectar políticamente a Righi, quien buscaba la reelección. “Buscaron en todos lados, pero no encontraron ningún hecho de corrupción”, sostuvo Guevara, quien además señaló que los acuerdos se realizaron en nueve comunas, incluidas gestiones radicales.
Causas abiertas y daños pendientes
Aunque la causa más resonante fue cerrada, aún persisten otros expedientes contra la organización. Hay más de 50 causas por presuntas estafas a miembros de la Tupac, una denuncia de la AFIP contra Ramón Martínez Carreño por evasión, y una causa por asociación ilícita que lleva cuatro años sin movimientos. La defensa insiste en que no hay delito, sino una construcción política y mediática para deslegitimar el trabajo territorial de la organización.
En paralelo, se prepara una ofensiva judicial para reclamar indemnizaciones por los daños morales y materiales sufridos por los imputados. “El sobreseimiento por prescripción no impide avanzar por los perjuicios que sufrieron mis defendidos”, afirmó Guevara.
¿Fin de ciclo o persistencia del lawfare?
El cierre de la causa contra Rojas no borra los años de persecución, detenciones arbitrarias, imputaciones en tiempos electorales y estigmatización mediática. Tampoco resuelve las tensiones institucionales que se abrieron entre el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y los gobiernos provinciales.
La lista de sobreseídos se completa con Ramón Martínez Carreño, Julieta Huanca Yucra; Carina Soledad Chatard Frías; Cinthia Anabel Mayorga Ubilla; Iris Gladis Videla; Carla Antonella Martínez Rojas; Susana Beatriz Aguirre Mansilla; José Agustín Maza; Abrego; Pablo Damián Coria Muñoz; Lino Alberto Diaz Fuentes; Mariela Zulema Diaz Fuentes; Dante Ramón Funes Cabrera; Alejandra Noemi Molina Villegas; Lorena Anabela Oviedo Castro; Verónica Ana Martínez; José Norberto Casanova González; Mónica Beatriz Pereyra Allende; Pablo Sebastián Carmona Trejo; Doris Yoselie Cabeza Rojas; Dora Rosario Lourdes Oviedo Castro; Federico Jonatan Torrengo Rojas; Aricernia Rojas Sánchez y Joaquín Hugo Serapio.
