Los 11 estudiantes (8 hombres y 3 mujeres) detenidos tras el violento desalojo del Zócalo capitalino durante la noche del jueves 20 fueron trasladados al penal de máxima seguridad de Veracruz en el caso de los varones y al de Nayarit en el caso de las mujeres, dio a conocer Eliana García, subprocuradora de Derechos Humanos.
Los jóvenes permanecieron en la sede de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y no pudieron tener acceso a otro abogado más que al defensor de oficio, denunciaron sus familiares.
Inicialmente las autoridades les imputaron los delitos de delincuencia organizada, motín, terrorismo y tentativa de homicidio, de los más graves contemplados en las leyes mexicanas. Posteriormente les quitaron los cargos de delincuencia organizada -que cambiaron por asociación delictuosa- y terrorismo, según el abogado Alejandro Jiménez, quien sostuvo una reunión con el MP encargado de la averiguación previa.
Familiares y compañeros denuncian que los jóvenes fueron sometidos de manera arbitraria y que varios de ellos fueron golpeados.
Alejandro Jiménez, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, anunció esta mañana en conferencia de prensa que había solicitado a las autoridades los videos que supuestamente demuestran la responsabilidad de los 11 detenidos en los delitos imputados.
Agregó que solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que otorgue tres medidas precautorias.
A través de estas medidas buscaba poder ingresar a la SEIDO para dialogar con los jóvenes. También exige de las autoridades que den a conocer los motivos que llevaron a policías del Distrito Federal a entregar a los jóvenes a la Policía Federal, que posteriormente los trasladó a la SEIDO.
La tercera medida precautoria buscaba impedir que, en el caso de que las autoridades decidieran trasladar a los detenidos a un reclusorio, éste se encontrara en el DF.
“En el momento de tensión que vive el país, si la Procuraduría General de la República quiere recuperar su credibilidad, debe dejar de hacer un uso político del sistema penal; el gobierno federal debe cesar de hacer un uso político de la Procuraduría”, aseveró Jiménez.
Padres y compañeros de los estudiantes detenidos se congregaron en las escaleras de la SEIDO para exigir su liberación.
“Es la actitud de un dictador auténtico”, afirmó Ana Cruz González, madre de la estudiante de Ciencias Políticas de la UNAM, Hillary, en referencia a Enrique Peña Nieto.
Dirigiendo su mensaje al gobierno, advirtió: “El que debe cambiar eres tú, ahora son nuevos los jóvenes, ellos no están dispuestos a tanta represión”.
La causa penal 45/2014-A del caso fue radicada en el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Xalapa, Veracruz, informó el MP Sinoe Domínguez, encargado de la averiguación previa.
Los estudiantes de diversas universidades se reunirán mañana a las 4 de la tarde en el SME para organizar una marcha el próximo martes cuya trayectoria no está definida. Los temas de la movilización podrían ser el caso Ayotzinapa, la liberación de los 11 estudiantes, feminicidios y secuestro de Estado.
Preocupación por un chileno detenido
El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, informó este sábado que Laurence Maxwell Ilabaca, un chileno detenido en México y acusado de terrorismo, no tuvo participación alguna en los enfrentamientos entre manifestantes y antimotines de la policía en el Zócalo del Distrito Federal, durante la protesta por los 43 normalistas desaparecidos
El ministro comentó que ha mantenido contacto con el embajador en la ciudad de México, Ricardo Núñez, quien le explicó que Ilabaca, de 47 años, declaró ante la Procuraduría, pero sigue detenido. En ese testimonio, el chileno sostuvo que efectivamente fue a la marcha, en bicicleta, pero negó haber participado en los choques que desataron los policías.
Así, el secretario de Estado indicó que Maxwell, quien estudia en la UNAM un posgrado en Literatura, se encuentra acompañado por el cónsul en la capital mexicana desde el momento de la detención.
Fuente: Proceso.com.mx/La Jornada
