La dirección de la planta viguesa de PSA Peugeot Citroën ha puesto sobre la mesa algunas de las medidas que propone para mejorar los criterios de rentabilidad de la fábrica, y que pasan por duros ajustes salariales: una rebaja en el sueldo anual bruto del cinco por ciento, una reducción del 50 por ciento en las pagas extras, o eliminación de complementos, entre otras, en suma un brutal deterioro de las condiciones laborales, con una fuerte pérdida del poder adquisitivo para cientos de familias.
Según han confirmado fuentes sindicales, la empresa ha planteado "auténticas barbaridades" con la "excusa" de posicionar Vigo como candidata idónea para adjudicarse el proyecto k9 (las nuevas furgonetas).
La fábrica de Vigo está luchando con la factoría de Trnava (Eslovaquía) por hacerse con las nuevas furgonetas. La desventaja principal de la fábrica española está en los salarios de sus empleados, el coste medio se encuentra en los 22 euros, mientras que en Eslovaquia es coste de los trabajadores de la planta de Citröen está en torno a los 9,5 euros. Por último, la tercera planta que lucha por llevarse las furgonetas está en Mangualde (Portugal) y allí la hora se paga a 10 euros.
Sueldos congelados
Así, además de la rebaja de salarios del cinco por ciento, se propone una congelación de sueldos hasta 2019, y la reducción del 50% en las pagas extras. Asimismo, la empresa plantea una rebaja del 33% en la prima por objetivos, que pasaría de 1,5 puntos a 1.
La empresa también pretende una reducción del 10 por ciento en el complemento de antigüedad, se congelaría la antigüedad existente y no se generarían nuevos trienios. Por otra parte, se eliminaría el complemento de presencia, y se reduciría en un 50% los complementos específicos que afectan a operarios del turno de noche o los que operan en cabinas.
Los recortes también afectarían a las licencias y permisos, que se reducirían hasta el mínimo legal, recogido en el Estatuto de los Trabajadores. Con todas estas medidas, la empresa pretende reducir su coste laboral y así también reducir la desventaja que tiene en esa materia con respecto a otras plantas competidoras en la carrera por adjudicarse las nuevas furgonetas.
Margen de maniobra
Todos los sindicatos han salido al paso de la propuesta criticando su "dureza" y tachando las medidas de "animalada", pese a que la empresa sostiene que, aún con esas rebajas, la planta de Balaídos estaría por encima de la media del sector industrial gallego.
Así, tanto UGT, que considera la propuesta "inasumible", como CC.OO., que la tacha de "barbaridad", o el sindicato mayoritario, el SIT, que cree que "no es necesario llegar a esos extremos", han advertido de que no admitirán esos planteamientos iniciales de la dirección de la planta, y que "debe haber margen" para evitar recortes tan "drásticos".
3.000 euros menos al año
De hecho, CC.OO. ha hecho un cálculo sobre la pérdida de poder adquisitivo, y estima que un operario de nivel 4, un especialista, con nueve años de antigüedad, sin contar las reducciones de complementos específicos, "podría perder unos 3.000 euros al año".
La empresa ha recordado a los sindicatos que el coste de la mano de obra en la planta de Balaídos está un 30% por encima de la media en el sector gallego y que, por tanto, "hay margen para maniobrar". "Lo que se intenta es aproximarse a la realidad del sector industrial de Galicia", han indicado fuentes de la factoría.
En cualquier caso, la dirección ha admitido que las diferencias con las plantas competidoras de países de bajo coste "no se puede reducir solo en mano de obra", por que esos países tienen la mitad de coste salarial. Por ello, la fábrica de Balaídos "sigue trabajando" en otros elementos como las inversiones, los proveedores o la reducción del gasto logístico.
La mesa negociadora volverá a reunirse el próximo 23 de octubre. En ella, además de la dirección de la fábrica, hay 12 representantes de los sindicatos: siete del SIT, dos de UGT, uno de CC.OO., uno de la CIG y uno de la CUT (que este lunes no acudió por no tener derecho a votar, al no estar constituido aún el nuevo comité de empresa).
Fuente: El Economista