Un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación flexibilizó su propio criterio sobre la prisión domiciliaria y benefició al exmilitar Roque Pappalardo condenado por el asesinato del abogado laboralista Carlos Moreno en plena dictadura, quien tiene más de 70 años y tiene problemas cardíacos. Ese fallo, dado a conocer el martes de la semana pasada, dividió las aguas en los tribunales y sentó un precedente para el caso que trata el Tribunal Oral Federal en Mendoza sobre el pedido de la defensa de Otilio Romano, ex juez y ex prófugo, para que le den la prisión domiciliaria.
En el expte. P.436.XLIX, la Corte resolvió rechazar el recurso extraordinario interpuesto por el fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, el 14 de diciembre de 2012, había dispuesto no hacer lugar a la incorporación de Roque Ítalo Pappalardo al régimen de prisión domiciliaria solicitada por la defensa en los términos del art. 32 inc. a) y d), ley 24.660. A su turno, la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso de la especie deducido por la defensa contra dicho pronunciamiento y, en consecuencia, dispuso estar al arresto domiciliario oportunamente dispuesto.
El diario Página 12 refleja que "según la Ley de Ejecución Penal (24.660), los jueces pueden –sin obligación– conceder prisión domiciliaria a los detenidos mayores de 70 años, o que padecen una enfermedad incurable, o cuando la privación de la libertad le impide tratar su dolencia (también se extiende a las embarazadas, discapacitados y madres de menores de cinco años)".
"Lo singular de los procesados o condenados por crímenes de lesa humanidad es que la mayoría está cerca o supera los 70 años, y es esperable que tengan enfermedades. Hasta ahora la Corte Suprema priorizaba la cárcel común al contemplar que tuvieron y conservan poder y capacidad de escaparse y complicar las investigaciones. La desaparición del testigo Julio López y la advertencia de cierta “actividad remanente” del aparato represivo fueron clave en ese razonamiento. Sin embargo, ahora la Corte pide un análisis más detenido de las condiciones de salud. A través de voceros ya anunció que desarrollará su “nuevo criterio” en un pedido de domiciliaria del ex teniente Mariano “Cara Cortada” Braga, condenado a perpetua en Jujuy. Ese expediente fue girado a la Procuración, donde una perito puso en duda la gravedad de las patologías de Braga", remarca el matutino porteño.
“Si una persona está en las condiciones que la ley prevé, hay que mandarla a la casa. Pero no podemos aceptar, como ha ocurrido con Otilio Romano, que ante el pedido de domiciliaria venga un perito oficial y en lugar de pronunciarse sobre su estado de salud diga que no hay condiciones para atenderlo por diabetes en ninguna cárcel. Si la cárcel está en malas condiciones, lo está para todos, y habrá que acondicionarla para que todos tengan el trato que merecen”, explicó Jorge Auat en una entrevista reciente a ese diario. Ante informes periciales de dudosa objetividad “tendremos que pensar mecanismos de prueba eficaces”.
El Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos (MEDH) remarcó al respecto que "el tribunal tiene la tremenda responsabilidad de decidir si otorga o no la prisión domiciliaria a Otilio Romano. Detrás hacen fila otros procesados: el ex Comisario Armando Guevara y dos miembros de la patota del D2, Pablo Gutiérrez y Francisco López. Éste último se mantuvo prófugo hasta que fue detenido poco tiempo atrás. Los tres policías, cuya representación la ejerce el defensor oficial, también pidieron prisión domiciliaria pendiente de resolución".
Recordaron además que "Mendoza tiene el record nacional en prófugos por delitos de Lesa Humanidad que evidencia un círculo de complicidades difícil de desentrañar; de modo que la inquietud de los familiares, victimas y organismos de DDHH pasa por el temor a ser, nuevamente, burlados por un Romano que ya dio muestras de gran influencia para no someterse a la Justicia. Antecedentes que se espera que el Tribunal tome en cuenta los próximos días, a la hora de resolver su situación".
Fuente: Página 12/MEDH/CIJ
Texto del fallo de la Corte en cuestión
