La jueza Loretta Preska (foto), del Segundo Distrito de Nueva York, falló este lunes a favor de fondos buitre demandantes en el juicio por la expropiación de YPF y ordenó a la República Argentina transferir el 51% de las acciones de la petrolera estatal como parte del pago por la sentencia que condenó al país a desembolsar más de 16.000 millones de dólares.
El fallo establece un plazo de 15 días para depositar las acciones clase D en una cuenta de custodia en el Bank of New York Mellon (BNYM) y autoriza su traspaso al fondo Burford Capital, principal beneficiario del litigio. Esta decisión judicial, aunque apelable, representa un giro inédito en el conflicto legal que lleva más de una década.
La noticia fue difundida por Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors, a través de la red X. Según el analista, “YPF deberá convivir con el fantasma de que un día no tan lejano una corte determine que ya no pertenece al Estado, sino a un fondo buitre”. Para Maril, el país no podrá evitar una negociación con Burford, tras años de negarse a hacerlo.
Presiones, inmunidad y camino de apelación
Burford Capital adquirió hace años los derechos a litigar el caso y ha ejercido diversas presiones judiciales para obtener activos, incluidos pedidos de embargo. El gobierno argentino, respaldado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, sostiene que la entrega de las acciones viola principios de inmunidad soberana y planea apelar la medida, lo que podría extender el conflicto por al menos un año más.
De hecho, el propio gobierno estadounidense, durante la presidencia de Joe Biden, había solicitado a Preska que rechazara la solicitud de Burford. Un escrito firmado por el fiscal Damian Williams advertía que la “orden de transferencia violaría las leyes de inmunidad soberana y no debería ser concedida”.
Un fallo que abre interrogantes
Entre los argumentos del fallo, Preska destacó que el Estado argentino “ha controlado las decisiones empresariales y financieras de YPF desde 2012”. Sin embargo, expertos sostienen que cualquier transferencia de acciones requeriría aprobación del Congreso argentino, lo que abre una serie de interrogantes políticos y jurídicos sobre la viabilidad real de la medida.
La resolución reaviva el debate sobre las consecuencias de la estatización de YPF y sitúa al Gobierno de Javier Milei en una encrucijada: resistir jurídicamente o abrir canales de diálogo con el fondo buitre.
